Disponen que V. continúe con Farías, pero un tribunal ordena que la causa vuelva a la jueza Anauate

Una de cal y otra de arena. Así podrían sintetizarse las últimas novedades judiciales del caso de V., una niña de menos de 3 años, que originó una controversia judicial que tuvo repercusión en los medios nacionales.

El juez Civil de IV Nominación, Sergio Santos dictó una medida cautelar que contempla que la menor continúe con la docente Silvia Farías, quien denunció una presunta maniobra de la familia de acogida para intentar quedarse con la niña, pese a que eso está prohibido.

“Es una medida cautelar de status quo, que significa que la niña continúe con Silvia, con una guarda judicial a su favor, hasta tanto se resuelva la cuestión. Con esto dejó sin efecto la cautelar que había dictado la jueza Anauate por considerar que era de imposible cumplimiento dado que la familia de acogida no figura más en el registro y ante la circunstancia del centro de vida de la niña y su interés superior”, explicó la abogada Silvana Perrén, que representa a Farías.

Pero, poco después la Cámara de Apelaciones en lo Civil rechazó la recusación contra la jueza Carolina Anauate y ordenó que el expediente vuelva a sus manos. “Hasta ahí era muy buena la noticia, pero el día jueves la Cámara resolvió que la juez que debe seguir interviniendo en la de Familia III, Anauate, así que inmediatamente el expediente regresó a ella. Esperamos los próximos decretos porque a esa jueza no le quedaría otra que dictar la guarda preadoptiva, dado que ya tiene incorporados todos los informes que faltaban y no existen pruebas restantes, salvo que ordene alguna otra”, señaló la letrada.

Cabe recordar que esta causa subió por per saltum (saltando instancias) al Superior Tribunal de Justicia que precisamente ordenó informes que ya fueron realizados, por lo que se considera que la magistrada ya estaría en condiciones de resolver la adopción plena de la niña, por el tiempo transcurrido. “La ley pide 6 meses y ya transcurrieron 8 de la entrega en guarda, es decir, para poder hacer la adopción. En manos de la jueza Anauate está el dictado de la guarda preadoptiva y/o la adopción plena, porque tiene todos los elementos necesarios para resolver”, precisó Perrén.

Anauate fue recusada por Farías, quien incluso tiene pendiente la denuncia en el Consejo de la Magistratura por el desempeño de la jueza de Familia. Perrén sostuvo que “entendemos que la juez ha parcializado la causa y ha roto la imparcialidad del magistrado en sus resoluciones y, por lo tanto, mi parte insiste en que debería apartarse de la causa. Pero la cámara entendió que no había elementos suficientes para cambiar de juez al hacer lugar a la recusación, por lo que ha vuelto al mismo juzgado”.

“Ella podría excusarse de entender, cosa que no creo, porque si no lo hizo hasta ahora ya no creo que lo haga, o hacer las cosas como corresponde y de acuerdo a la ley, y dictar la sentencia de adopción”, añadió.

Cabe recordar que la causa comenzó a instruirla la jueza de Familia María Cristina Cambareri, quien otorgó la guarda de la niña a Farías, con informes favorables de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia (Subnaf). Pero el matrimonio de acogida obstaculizó el contacto con la niña, hasta que le fue entregada a la docente, a quien denunciaron por un supuesto abuso sexual que buscó retrasar los trámites, pero que fue completamente desechado por la fiscalía que intervino.

Entonces la cuñada del matrimonio que actuó como hogar de tránsito interpuso un per saltum ante el Superior Tribunal, que mandó a realizar los trámites nuevamente y designó a Anauate como jueza. Se detectó que el hogar de acogida se había excedido en el plazo de cuidado de la niña, aparentemente por negligencia de los organismos de control. Cuando fueron a inscribirla para el prematernal se detectó la irregularidad y allí fue puesta en proceso de guarda preadoptiva, al cuidado de Farías.

Anauate ordenó a Farías que entregara a V., para que volviera a la familia de acogida durante 20 días, al tiempo que le prohibió ventilar el caso en los medios con un bozal legal y una multa diaria.

“Ella dicta una sentencia que ordenaba la entrega de la niña a una familia -que ni siquiera había tomado la precaución de averiguar si se encontraba en el listado de familias de acogida- por el término de 20 días, sin siquiera fundar cuál sería el beneficio para la criatura al sacarla del lado de su mamá (pretensa adoptante), sin siquiera decir qué iba a hacer. Era como decir ‘vamos viendo qué pasa’. El tema era que para nosotros había roto la imparcialidad, dado que la familia a la que ella ordena entregarla está integrada por la hermana de quien la pide”, explicó Perrén. Farías dijo en una nota anterior que eso se asemejaría a una entrega directa de menores, algo que está prohibido por ley.