Dictan embargos millonarios contra la excandidata a intendente Noralí Sosa, por presunta estafa con la venta de piscinas
El esquema denunciado tendría un patrón común: el cobro anticipado de piscinas que luego no eran entregadas ni instaladas.
La Justicia avanza en una investigación por presuntas estafas relacionadas con la comercialización de piscinas que tiene como principal señalada a la excandidata libertaria a intendente de La Banda, Noralí Sosa. El expediente se tramita en paralelo en los ámbitos penal y civil, donde ya se adoptaron medidas de relevancia.
En el fuero penal, la causa está bajo la órbita de la fiscal Eugenia Callegaris, quien habría formalizado la imputación tras denuncias impulsadas por los abogados Luis Barraza y Carla Sequeira, en representación de distintos damnificados. Si bien trascendió que la acusación ya fue formalizada, hasta el momento no se informó oficialmente si se fijó fecha para que la imputada preste declaración.
Entre los casos incorporados al expediente figura el de Jonathan Luis Gabriel Medina, patrocinado por Barraza. Según la presentación judicial, el denunciante habría endosado y transferido un cheque electrónico por $2.134.833 a un proveedor indicado por Sosa, identificado como Carlos Javier Méndez. Posteriormente, la operación habría sido rescindida con aceptación de la acusada; sin embargo, siempre de acuerdo con la denuncia, la devolución del dinero nunca se concretó y se habrían sucedido excusas y postergaciones.
De acuerdo con los planteos incorporados a la causa, el esquema denunciado tendría un patrón común: el cobro anticipado de piscinas que luego no eran entregadas ni instaladas.
En paralelo, en el fuero civil también se dictaron medidas de fuerte impacto económico. En una causa promovida por la abogada Sequeira en representación de la agente penitenciaria Débora Cortez, con domicilio en el barrio San Germés, se ordenó un embargo cercano a los $9 millones. Según consta en la demanda, la mujer habría abonado en 2023 más de $500.000 por una piscina que nunca fue colocada.
Además, el pasado 23 de febrero, por disposición del juez Civil y Comercial Maximiliano Pernigotti, titular del Colegio de Jueces Nº 1, una oficial de Justicia se presentó en la empresa Nor-Plast, ubicada en la intersección de ruta 5 y ruta 34, donde se procedió a trabar embargo y retirar tres piscinas. La medida tuvo como objetivo garantizar la suma de $6.998.000, más otros $1.749.560 fijados en concepto adicional.
La investigación continúa en ambas sedes judiciales, mientras se analizan nuevas presentaciones de presuntos damnificados que podrían ampliar el alcance del proceso.
