Judiciales
Denuncian al fiscal de Tierras Miguel Torresi por presunta intervención en una ocupación
La presentación fue realizada por una abogada el 27 de abril. Acusa al funcionario de haber avalado el ingreso de personas a un campo pese a la existencia de una medida judicial vigente.
Una denuncia presentada el pasado 27 de abril por la abogada Lucatelli Perren involucra al fiscal de Tierras Miguel Torresi y a una mujer identificada como Sabrina, en el marco de un conflicto por la posesión de un campo.
Según la presentación, ese día un grupo de aproximadamente veinte personas habría ingresado al predio —propiedad del representado de la letrada— y, bajo amenazas, intentado desalojar al cuidador del lugar y a su familia. De acuerdo con el relato, los ocupantes, presuntamente liderados por Sabrina, manifestaron contar con una orden del fiscal Torresi, quien se encontraba de turno.
Al arribar al lugar, personal policial fue informado de que el propietario dispondría de una medida cautelar vigente, dictada por un juez de control, que le garantizaba la posesión del inmueble por un plazo de 90 días.
No obstante, siempre según la denuncia, tras establecer comunicación con el fiscal, este habría ordenado que no se desalojara a las personas que habían ingresado y que se les permitiera permanecer en el campo.
El cuidador, identificado como Espeche, habría facilitado una antena satelital para concretar la comunicación. En ese contexto, afirmó haber escuchado directamente las indicaciones impartidas por el funcionario judicial.
Uno de los aspectos que generó mayor inquietud, de acuerdo con la presentación, fue que el propio cuidador fue notificado en ese momento de una citación para comparecer al día siguiente ante el Ministerio Público Fiscal por una supuesta denuncia de Sabrina en su contra.
La denuncia también cuestiona una presunta solicitud de medida cautelar de “no innovar” impulsada desde el área de Tierras del Ministerio Fiscal, que habría tenido como objetivo mantener en posesión a quienes ingresaron al predio, pese a la existencia de una resolución judicial previa.
El caso abre interrogantes sobre la actuación de las autoridades en conflictos de tierras y se suma, según trascendió, a otras denuncias previas contra el fiscal Torresi.
