Confirman procesamiento por el desvío de fondos contra apoderados de partidos, entre ellos un santiagueño
Es una causa contra apoderados de cuatro partidos acusados de quedarse con sumas millonarias para imprimir boletas en las PASO 2022.
La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento de cuatro responsables de las agrupaciones Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven, Encuentro Republicano Federal y Esperanza del Pueblo, en una causa que investiga el presunto uso fraudulento de aportes estatales destinados a la campaña y a la impresión de boletas durante las PASO 2023 en la provincia de Buenos Aires. Esas maniobras fueron denunciadas por la Red Ruido y Connectas.
Según el fallo, el santiagueño Ernesto Raúl Habra, además de Sergio Jesús Medrano (socio de la esposa de Habra en otra agrupación “sin representación ni vocación política real”), Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos habrían cometido los delitos de defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documento público, al no poder acreditar el uso de los fondos asignados por el Estado Nacional para la actividad electoral. Entre los montos observados, el Tribunal destacó que Proyecto Joven recibió más de $352 millones, mientras que Justicia y Dignidad Patriótica obtuvo más de $124 millones, sumas que habrían sido desviadas de su finalidad legal.
Proyecto Joven es uno de los sellos que controla el exconcejal rosarino José Bonacci, padre de la diputada nacional por La Libertad Avanza Rocío Bonacci y socio de Trinidad Muñoz Cardinale, la esposa de Ernesto Raúl Habra. Bonacci y Habra son los dueños en partes iguales de la imprenta DWP, especializada en estampar boletas electorales. El propio Bonacci le contó a Ruido que el dinero para comprar la imprenta lo puso su socio (Habra).
Ramos Padilla lo ubica en el rol de organizador de la mayoría de las maniobras ilícitas que detectó en las Paso 2023, por lo que está procesado por “defraudación a la administración pública en concurso ideal con falsedad ideológica”, en cuatro hechos.
En el expediente de Ramos Padilla, el procesamiento de Habra es por su rol de apoderado en Encuentro Republicano Federal, el partido que en los papeles preside el poderoso Miguel Ángel Pichetto, sello que fue la pata del “peronismo republicano” de Juntos por el Cambio. Habra aparece como el vicepresidente del espacio.
En las elecciones de 2023 Habra no recibió fondos porque la Justicia detectó antes de las elecciones numerosas irregularidades y le dio de baja; las listas que presentó están fraguadas, con personas que no habían dado su consentimiento para integrarlas e incluso con personas fallecidas como candidatas.
En cambio, Habra sí integró el año pasado un esquema que en la Paso 2023 recibió 876 millones de pesos para la impresión de boletas: Principios y Valores, de Guillermo Moreno; que imprimió sus votos en la empresa de Bonacci y Habra. La firma de Ernesto Habra está estampada en la plataforma electoral del lema Tierra, Techo y Trabajo, de esa agrupación en el distrito de Santiago del Estero, donde recibió 4,7 millones de pesos y logró 22 votos. Sí, veintidós.
Habra y Bonacci tienen otra marca: Partido Popular. En la franquicia de Santa Fe, la actual diputada libertaria Rocío Bonacci es la tesorera; mientras que en Santiago del Estero los apoderados son Ernesto Habra y Trinidad Muñoz Cardinale, la otra dueña de la fábrica de votos para partidos sin votantes.
Es una muestra de la larga cadena de sellos electorales que administran Bonacci y Habra, con el consiguiente negocio de imprimir sus votos con fondos públicos y colar en las listas de legisladores a miembros de sus familias.
OTRAS IRREGULARIDADES
La investigación también detectó graves irregularidades en la presentación de listas: algunas agrupaciones incluyeron precandidatos fallecidos y personas que nunca prestaron consentimiento para figurar en las nóminas, lo que configuró la utilización de documentación falsa para habilitar la participación electoral y el acceso a fondos públicos.
En su resolución, la Cámara advirtió sobre la proliferación de listas internas sin sustento real y alertó sobre posibles maniobras de abuso del derecho y malversación de recursos electorales, reclamando mayores controles sobre la impresión de boletas. El tribunal recordó que los partidos son “auxiliares del Estado” y deben garantizar transparencia y representatividad, al ser actores esenciales para el funcionamiento democrático.
El fallo se enmarca en una serie de medidas impulsadas por la propia Cámara para detectar prácticas fraudulentas y verificar la existencia material de las imprentas supuestamente contratadas por las agrupaciones investigadas.
EL ORIGEN DE LA CAUSA
La Cámara Nacional Electoral ratificó el fallo de la Justicia Federal, que el año pasado había procesado a los cuatro apoderados de las agrupaciones mencionadas por defraudación a la administración pública. El motivo: la falsificación de candidaturas y avales para cobrar financiamiento del estado.
Un relevamiento del juzgado a cargo del juez Alejo Ramos Padilla detectó que hubo 170 precandidatos que desconocían haberlo sido. Además, se postularon candidatos que habían muerto hace 10 años y figuraban seis personas fallecidas que eran postulantes en las boletas.
El juez les trabó embargo a las personas procesadas por mil millones de pesos luego de constatar que algunos llegaron a cobrar 480 millones de pesos del Estado. Además, ordenó congelamiento de las cuentas y la prohibición de salida del país para los imputados en la causa.
Ramos Padilla los acusa de haberse quedado con miles de millones de pesos provistos por la Dirección Nacional Electoral (DINE) para la impresión de las boletas reglamentarias.
