Confirman las condenas a prisión para Pericás y exjueces por la “causa cautelares”
Fueron condenados por obligar al gobierno tucumano a pagarle unos $10 millones que el empresario reclamaba de pauta, pese a que no tenían competencia.
El Tribunal de Alzada resolvió rechazar los recursos interpuestos por las defensas y confirmó la condena contra el empresario Luis Manuel Pericas y los exjueces penales Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra, Miguel Angel Moreno y el empleado Eduardo Antuz, por defraudación calificada en perjuicio de la administración pública.
En su resolución, el Tribunal desestimó los planteos formulados contra el fallo de primera instancia y dejó firmes las condenas impuestas, entre ellas la pena de cuatro años y seis meses de prisión para Pericas como autor del delito de defraudación calificada, así como las correspondientes a los demás imputados según su grado de participación.
Cabe recordar que los vocales de juicio oral habían considerado acreditada la responsabilidad penal de los acusados en maniobras que perjudicaron a la administración pública, al rechaza además los planteos de prescripción formulados por las defensas. En 2021 fueron condenados: Pericás a 4 años y dos meses y los exmagistrados a 4 años y seis meses, más una inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Antuz fue considerado partícipe secundario, por lo que recibió una condena menor, de 2 años y ocho meses.
El Ministerio Público Fiscal intervino en el proceso a través del fiscal Álvaro Cantos, de la Unidad de Violencia Institucional, quien representó la acusación durante las distintas instancias.
El caso tuvo repercusión nacional cuando en 2016 el fiscal de Estado de Tucumán denunció en Santiago del Estero las maniobras, consistentes en el embargo sobre remesas de coparticipación federal de esa provincia para que Pericás se cobrara publicidad oficial que aducía le debían a su radio, LV7.
Pericás había intentado en varios juzgados iniciar esa maniobra, hasta que finalmente encontró eco en los jueces penales, que embargaron las cuentas del gobierno tucumano y luego ordenaron ejecutar el retiro de fondos, a favor del empresario.
