Caso Fürth: Merino habría vuelto de licencia para liberarlos y después se fue otra vez

El caso Fürth sumó un capítulo que coloca directamente bajo la lupa al juez de Control y Garantías Gastón Merino. El magistrado rechazó los pedidos de prisión preventiva contra Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano y permitió que los tres continúen el proceso en libertad bajo cauciones de $70 millones para Caro, $70 millones para Llado y $20 millones para Moyano.

Merino estaba facultado para rechazar las prisiones preventivas si entendía que los riesgos procesales no se encontraban suficientemente acreditados. La prisión preventiva es una medida excepcional y no puede convertirse en una condena anticipada. Sin embargo, el cuestionamiento que ahora rodea al magistrado ya no se concentra solamente en el contenido jurídico de su resolución, sino en las particulares circunstancias que habrían rodeado su intervención.

Merino habría estado de licencia y la habría interrumpido para intervenir precisamente en la audiencia en la que debía resolverse la situación de los principales imputados. Luego de escuchar a las partes, rechazó las prisiones preventivas y estableció las condiciones para que recuperaran la libertad. Posteriormente, habría vuelto a solicitar licencia.

Si esa cronología queda confirmada por la documentación administrativa correspondiente, la pregunta resulta inevitable: ¿por qué Merino habría regresado de licencia precisamente para resolver una audiencia de semejante trascendencia y volvió a apartarse después de hacerlo?

La secuencia, por sí sola, no demuestra ninguna irregularidad ni permite atribuir al magistrado un favorecimiento deliberado. Pero sí exige claridad.

El escenario se vuelve todavía más delicado porque el Ministerio Público Fiscal anunció que apelará la resolución. La acusación sostiene que continúan existiendo riesgos procesales y diligencias investigativas pendientes y cuestiona la valoración efectuada por Merino. Será una instancia superior la encargada de revisar si los fundamentos utilizados por el magistrado para rechazar las prisiones preventivas resultaron suficientes.

Pero la controversia ya podría tener consecuencias mucho más graves para Gastón Merino. La decisión del magistrado podría terminar en un pedido de juicio político y poner bajo examen su propia continuidad en el cargo. Si ese escenario avanzara, Merino ya no tendría solamente una resolución sometida a revisión: su propio desempeño como juez y su permanencia en el cargo podrían quedar formalmente bajo examen.

La Cámara podrá confirmar o revocar lo decidido. Pero existe un interrogante que ninguna resolución de un tribunal superior responderá por sí sola. Ese interrogante depende directamente de Merino.

Si existieron razones funcionales para interrumpir su licencia. Si su reincorporación respondió al funcionamiento administrativo habitual. Y si volvió a solicitar licencia inmediatamente después de resolver, corresponde conocer cuándo y bajo qué circunstancias ocurrió.

Porque una resolución judicial puede discutirse, apelarse e incluso revocarse. Lo que no debería quedar flotando es una pregunta tan sencilla como incómoda:

¿POR QUÉ MERINO HABRÍA VUELTO JUSTO PARA RESOLVER LAS LIBERTADES Y SE FUE OTRA VEZ DESPUÉS DE HACERLO?

Hasta que esa pregunta tenga una respuesta clara, la polémica ya no estará solamente sobre lo que Merino resolvió, sino sobre las circunstancias en las que volvió precisamente para resolverlo.