Caso Frontera: “Fue pulverizada la versión de un accidente que fue aprovechado para despojar a la víctima”

El abogado querellante que representa a la familia del guardiacárcel asesinado durante un robo el 18 de diciembre, David Frontera Guerra, celebró la decisión del juez de Control, Gastón Merino, de mantener con prisión preventiva hasta el juicio a los tres sospechosos mayores de edad. Marcelo Castillo Gioya consideró que en la audiencia se pulverizó la tesitura de las defensas de que los imputados aprovecharon un accidente para despojar a la víctima.

Por el contrario, la fiscalía y la querella sostienen que la banda interceptó y trabó una de las ruedas de la motocicleta de Frontera Guerra para provocar su caída al canal, a la altura de calle San Martín, lo que causó su muerte. Tras eso se apoderaron de su billetera y de la motocicleta, que redujeron para continuar bebiendo en el Bosco II.

El abogado sostuvo que en “la audiencia se llevó a cabo en la causa Frontera Guerra, víctima de un robo, que a posteriori se convirtió en homicidio: técnicamente es un homicidio en ocasión de robo, que tiene una expectativa de 10 a 25 años. La mínima se agrava, lo que hace que no sea procedente ningún medio excarcelatorio, pero lo importante de todo esto es que vamos avanzando en la investigación penal preparatoria, a cargo de la fiscal (Jacqueline) Macció, haciendo sólido el plexo probatorio y fundando la calificativa legal provisoria, porque las defensas respectivas han argumentado que se trataba de un accidente y que sus clientes aprovecharon esa ocasión”.

“Esto ha sido pulverizado por el andamiaje de la investigación y el juez Merino ha entendido que esto fue así y dictó la prisión preventiva para los tres por el término de 2 años”, añadió.

Los imputados son Juan Gabriel Rodríguez (27), José Luis “Chavo” Orieta (41) y Sebastián Alberto “Porteño” Gómez (38).

En cuanto a la responsabilidad de cada uno de los acusados, aclaró que todos se encuentran en las mismas condiciones: “Si bien es cierto, para la doctrina y la jurisprudencia, todos al intervenir en el robo y que accidentalmente se produce el homicidio, todos son partícipes de este delito y tendrán la misma pena conminado hoy en abstracto, que es de 10 a 25 años, pero seguramente eso se lo va a resolver en un juicio oral”.

Castillo Gioya también enfatizó los antecedentes delictivos de los implicados, que pesaron para rechazar su excarcelación: “Cuando dejan de estar latentes los riesgos procesales pueden esperar el juicio oral en libertad, pero en este caso particular no fueron considerados por el juez porque se incorporaron elementos donde todo el barrio donde ocurrió el hecho nadie quiere hablar por temor justamente a las represalias de esta gente. En este caso sí fue ajustada y conforme a derecho la resolución del doctor Merino”.

En cuanto a otros participantes del crimen, Castillo Gioya agregó que “hay una joven que no ha sido identificada y el menor sí, pero por su condición va a esperar el juicio en libertad”.