Caso del niño de 8 años: piden detener al padre y denuncian a jueces de Buenos Aires

La defensora oficial Ana Silvia Gerez realizó fuertes planteos durante una audiencia que se extendió por más de cinco horas. Solicitó la captura nacional e internacional del progenitor y pidió investigar a magistrados y funcionarios por presuntas irregularidades en el traslado del menor. La Fiscalía, en tanto, mantiene abierta la hipótesis sobre supuestos rituales umbandas.

La investigación por presunta corrupción de menores y abuso sexual en perjuicio de un niño de 8 años sumó este lunes un nuevo capítulo en Las Termas de Río Hondo, donde una audiencia de más de cinco horas terminó con fuertes cruces entre las partes y nuevos pedidos de investigación.

La audiencia había sido solicitada por el Ministerio Público Fiscal para requerir la prisión preventiva de la madre del niño, su abuela, su tía y el hombre señalado como presunto abusador. El juez de Control y Garantías, Dr. Diego Vittar, hizo lugar a las medidas respecto de las tres mujeres, mientras que el anfitrión de una de las reuniones investigadas recuperó la libertad y quedó en situación de falta de mérito.

Sin embargo, uno de los momentos centrales de la jornada estuvo marcado por la exposición de la defensora oficial y representante del Ministerio Público Pupilar, Dra. Ana Silvia Gerez, quien cuestionó el procedimiento mediante el cual el niño fue trasladado fuera de Santiago del Estero.

Pedido de captura para el padre

Ante el juez Vittar, Gerez solicitó formalmente una orden de captura nacional e internacional contra el padre del menor. El objetivo planteado fue localizarlo y avanzar con la restitución del niño a lo que la representante tutelar considera su centro de vida.

Según expuso durante la audiencia, hasta ese momento se desconocía el paradero del menor y de su progenitor. Señaló que el niño había sido dado de alta en el Hospital Garrahan y que posteriormente su padre se retiró con él sin informar dónde se encontraban residiendo.

La defensora también reclamó que se investigue la situación del padrino del niño, quien tendría una orden de detención vigente y permanecería prófugo. Además, pidió que se determine si el hombre fue mencionado en la investigación y qué conocimiento tendrían distintos funcionarios sobre su situación.

Cuestionamientos a magistrados y funcionarios

Gerez también solicitó medidas respecto de funcionarios judiciales que intervinieron en distintos momentos del expediente.

Entre sus pedidos incluyó la citación del Dr. Giordano, integrante de la Defensoría Oficial local, con el objetivo de determinar, según planteó, “de quién recibió instrucciones procesales previas”.

Asimismo, cuestionó la actuación del Dr. Roberto Jordán, a quien atribuyó haber impulsado una audiencia vinculada con la excarcelación del progenitor sin la intervención previa del Ministerio Tutelar.

Para la representante del Ministerio Público Pupilar, estas actuaciones habrían afectado las garantías y los mecanismos de protección previstos para el niño.

Los planteos también alcanzaron al fuero porteño. Gerez pidió que se investigue a la titular del Juzgado Civil N.º 82 de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Soledad Valente, y al juez Javier Alejandro Siderio.

Según la presentación realizada durante la audiencia, la defensora atribuyó a ambos magistrados posibles irregularidades relacionadas con el traslado del menor y solicitó que se investiguen, entre otras figuras, una presunta asociación ilícita, sustracción de menores e incumplimiento de deberes.

Además, reclamó la intervención de organismos tutelares de la Ciudad de Buenos Aires y solicitó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise las decisiones adoptadas por magistrados cuya competencia territorial cuestionó.

El juez Vittar dispuso, a su vez, que el Ministerio Público Fiscal investigue los hechos denunciados durante la audiencia por Gerez, quien manifestó contar con elementos que podrían respaldar sus afirmaciones.

La Fiscalía mantiene la hipótesis sobre rituales

En paralelo a estos planteos, la fiscal Dahiana Pérez Vicens sostuvo durante la audiencia la hipótesis investigativa que vincula a integrantes del entorno del niño con presuntos episodios de abuso y corrupción de menores.

La acusación apunta a hechos que habrían ocurrido durante una fiesta de cumpleaños y en otras reuniones en las que, según la Fiscalía, habrían participado distintas personas.

Una de las líneas que continúa bajo investigación está relacionada con supuestos rituales umbandas. De acuerdo con la Fiscalía, el testimonio brindado por el menor mediante Cámara Gesell aportó elementos que motivaron nuevas medidas para identificar a personas y domicilios que podrían estar vinculados con esos encuentros.

La fiscalía busca ahora profundizar esa línea y reunir nuevos elementos antes de disponer eventuales medidas contra otras personas.

Contradicciones entre informes médicos

Otro de los puntos de mayor tensión durante la audiencia estuvo relacionado con los informes médicos realizados sobre el niño.

La defensa de las tres mujeres imputadas, a cargo de la Dra. Natali Moreno, sostuvo que sus representadas son ajenas a cualquier hecho de abuso sexual y solicitó su excarcelación. En el mismo sentido se pronunciaron los abogados Roxana Mera y Guillermo Salvatierra Paz, representantes del hombre que había sido detenido por su presunta participación en una de las reuniones investigadas.

Uno de los elementos incorporados al debate fue un informe del Hospital Garrahan que, según las partes, no habría encontrado signos compatibles con vejaciones sexuales.

Ese resultado entró en contradicción con evaluaciones realizadas previamente por peritos forenses de Santiago del Estero, quienes habían informado la existencia de lesiones.

La diferencia entre ambos informes generó un fuerte contrapunto entre las partes y abrió la posibilidad de solicitar una nueva evaluación médica independiente que permita determinar con mayor precisión el cuadro clínico del menor.

Tres mujeres continuarán detenidas

Luego de escuchar a las partes durante más de cinco horas, el juez Diego Vittar resolvió mantener la prisión preventiva de la madre, la tía y la abuela del niño, en el marco de la investigación por presunta corrupción de menores.

En cambio, el hombre que había sido detenido como anfitrión de una de las reuniones recuperó la libertad luego de que el magistrado dictara la falta de mérito. No obstante, continuará vinculado al expediente mientras avance la investigación.

El expediente permanece abierto y con distintos frentes de investigación, entre ellos la situación del padre del niño, las actuaciones de magistrados y funcionarios cuestionados por la defensora, los informes médicos contrapuestos y la hipótesis fiscal relacionada con los presuntos rituales.