Cae un pai umbanda acusado de explotación sexual y trata de personas
La policía realizó dos allanamientos simultáneos en esta Capital, en los que fueron halladas varias personas víctimas de explotación, mayores y menores de edad, algunas en extremo grado de vulnerabilidad.
El Departamento Trata de Personas llevó a cabo dos allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad Capital, donde detuvo a un hombre y secuestró evidencia en una causa bajo la órbita del juzgado Federal N°1, a cargo de Guillermo Molinari.
El primer procedimiento tuvo lugar en un inmueble ubicado en calle Monte de Oca, del barrio Cáceres, donde se concretó la detención de Rubén Matías Santa Cruz, de 67 años de edad, quien era investigado por presuntos delitos relacionados con la explotación sexual de personas.
La intervención contó con la colaboración de personal de la División Búsqueda y Captura de Prófugos, Policía Científica, y el Punto Focal de Trata dependiente de la Secretaría de Trabajo, con profesionales especializados en contención a víctimas.
El personal interviniente procedió al secuestro de dispositivos electrónicos, prendas de vestir, armas y diversos elementos vinculados a la causa investigada. Asimismo, se incautaron objetos que podrían estar relacionados con prácticas rituales, los cuales serán sometidos a peritajes.
En simultáneo, otro equipo llevó a cabo un allanamiento en un domicilio del Pasaje San Esteban, en el barrio Reconquista, donde también se secuestraron otros elementos tecnológicos, que fueron puestos bajo custodia policial para su análisis.
La investigación permitió identificar a numerosas víctimas, tanto mayores como menores de edad, muchas de ellas en situación de extrema vulnerabilidad, quienes habrían sido explotadas sexualmente dentro y fuera de los domicilios allanados.
Cabe señalar que, según los primeros indicios, el principal detenido practicaba rituales de religión umbanda, los cuales utilizaba como medio de captación y sometimiento. Las víctimas reciben actualmente acompañamiento y contención a través de los organismos especializados del Estado.
La investigación continúa su curso para establecer la existencia de posibles cómplices, redes vinculadas o derivaciones del delito, con el objetivo de garantizar justicia y asistencia integral a las personas damnificadas.
