Milei rematará AySA en su afán de obtener dólares frescos

El gobierno nacional anunció este viernes el inicio del proceso para la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con el objetivo de transferir el 90% de las acciones a un operador estratégico. La medida abre un gran interrogante sobre el futuro de las tarifas y, principalmente, qué pasará con los usuarios que actualmente tienen deudas en sus boletas.

Noticias Argentinas indicó que, a partir del anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, el gobierno por el momento no brindó detalles sobre cómo se gestionarán las deudas existentes de los usuarios una vez que la empresa pase a manos privadas. Esta es una de las principales incógnitas que se abre para miles de familias tras la decisión oficial.

Adorni justificó la medida argumentando que desde 2006 la compañía “requirió aportes permanentes del Tesoro Nacional por más de 13.400 millones de dólares” y que “hubo un fuerte deterioro de la infraestructura”. Cuestionó además que durante la gestión anterior “se gastaron más de 4.800 millones de dólares en AySA, que funcionó como una plataforma de campaña”.

El periodista Alejandro Bercovich remarcó  que Adorni no mencionó el crecimiento de la red a partir de su estatización permitió el acceso a las aguas corrientes y cloacas a millones de familias –sobre todo vulnerables- en el área de operaciones, en el Área Metropolitana y la Ciudad de Buenos Aires.

El vocero aclaró que el proceso de privatización incluye la permanencia de los empleados como accionistas dentro del programa de propiedad participada, que representa el 10% del capital social de la empresa. El 90% restante se ofrecerá mediante una licitación pública nacional e internacional y una oferta pública inicial en la bolsa.

Bercovich marcó en Radio con Vos que tampoco mencionó Adorni que la privatización en el período menemista fue desastrosa, cuando se otorgó la concesión a la francesa Lyonnaise des Eaux porque se precisaban dólares para oxigenar la Convertibilidad. Esa compañía de fondos opacos violó su promesa de bajar tarifas y las aumentó un 80%, incrementando su margen de rentabilidad al 12%, mientras invertía la mitad de los montos comprometidos.

El periodista señaló que algunas versiones indican que una de las interesadas en la privatización sería Mekorot, que pertenece al Estado de Israel, y que ya en 2022 realizó una avanzada con el entonces ministro de Economía Sergio Massa y varias provincias, a las que ofreció estudios para optimizar el recurso del agua, aunque se sospecha que podría haber sondeado el mercado bajo esa excusa.