Amnistía Internacional advierte que las ejecuciones alcanzan la cifra más alta desde 2015

Las ejecuciones en el mundo alcanzaron la cifra más alta desde 2015, con más de 1.500 personas ejecutadas en 15 países en 2024, afirmó hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su informe anual sobre el uso global de la pena de muerte.

Según el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2024, en 2024 se registraron 1.518 ejecuciones, la cifra más alta desde 2015 (al menos 1.634), la mayoría en Oriente Medio. Sin embargo, por segundo año consecutivo, el número de países que llevaron a cabo ejecuciones fue el más bajo del que se tiene constancia.

Las cifras totales conocidas no incluyen los miles de personas que se cree han sido ejecutadas en China, que sigue siendo el país que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo, ni las de Corea del Norte y Vietnam, donde también se cree que se hace un amplio uso de la pena de muerte. Las crisis en curso en el Estado de Palestina y Siria impidieron que Amnistía Internacional confirmara sus cifras.

Arabia Saudí, Irak e Irán fueron responsables del aumento general de las ejecuciones conocidas. En total, estos tres países llevaron a cabo la impactante cifra de 1.380 ejecuciones registradas. Irak casi cuadruplicó sus ejecuciones (de al menos 16 a al menos 63) y Arabia Saudí duplicó su total anual (de 172 a al menos 345), mientras que Irán ejecutó a 119 personas más que el año anterior (de al menos 853 a al menos 972), cifra que representa el 64% del total de ejecuciones conocidas.

Los cinco países que llevaron a cabo el mayor número de ejecuciones en 2024 fueron China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Yemen.

En 2024, Amnistía Internacional observó cómo dirigentes utilizaban la pena de muerte como arma con el falso pretexto de mejorar la seguridad pública o para infundir miedo entre la población. En Estados Unidos, que ha experimentado un constante tendencia al alza de las ejecuciones desde el final de la pandemia de COVID-19, se ejecutó a 25 personas (frente a 24 en 2023). El nuevo presidente electo Donald Trump invocó repetidamente la pena de muerte como instrumento para proteger a la población “de violadores violentos, asesinos y monstruos”.  Su deshumanizadora declaración promovía el falso discurso según el cual la pena de muerte tiene un efecto disuasorio especial contra la delincuencia.

En algunos países de la región de Oriente Medio, las condenas a muerte se usaron para silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas.

“Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para silenciar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz”, señaló Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

En 2024, Irán persistió en su uso de la pena de muerte para castigar a personas que habían desafiado, o se consideraba que habían desafiado, al poder establecido de la República Islámica durante el levantamiento Mujer, Vida y Libertad. El año pasado, dos de esas personas —una de ellas un joven con discapacidad mental— fueron ejecutadas en relación con el levantamiento después de juicios sin garantías y de “confesiones” empañadas por la tortura, lo que demostró hasta qué punto están dispuestas a llegar las autoridades para afianzar su control del poder.

AUMENTO DE LAS EJECUCIONES POR DELITOS DE DROGAS
Más del 40% de las ejecuciones de 2024 se llevaron a cabo de forma ilícita por delitos relacionados con drogas. Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, el uso de la pena de muerte ha de estar restringido a “los más graves delitos”, e imponer condenas a muerte por delitos de drogas no cumple este requisito.

Las ejecuciones relacionadas con drogas abundaron en Arabia Saudí, China, Irán, Singapur y, aunque no fue posible confirmar el dato, probablemente en Vietnam. Se ha observado que, en muchos contextos, imponer condenas a muerte por delitos relacionados con drogas afecta de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos, aunque no tiene ningún efecto demostrado en la reducción del tráfico de drogas.

LA FUERZA DEL TRABAJO DE CAMPAÑA
A pesar del aumento de las ejecuciones, sólo se tenía constancia de que 15 países las hubieran llevado a cabo, el número más bajo jamás registrado por segundo año consecutivo. En la actualidad, 113 países son totalmente abolicionistas y 145 han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.

En 2024 entró en vigor en Zimbabue una ley que abolía la pena de muerte para delitos comunes. Por primera vez, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU votaron a favor de la décima resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. Las reformas en materia de pena de muerte en Malasia también permitieron que el número de personas en riesgo de ejecución se redujera en más de 1.000.

Además, el mundo fue testigo de la fuerza del trabajo de campaña. Hakamada Iwao —que pasó casi cinco décadas en espera de ejecución en Japón— fue absuelto en septiembre de 2024. Esto ha continuado en 2025. En marzo, Rocky Myers —un hombre negro condenado a muerte en Alabama a pesar de las graves deficiencias observadas en los procedimientos— fue indultado tras las peticiones de su familia, su equipo jurídico, un exjurado, activistas locales y la comunidad internacional.

“La pena de muerte es un crimen abominable que no tiene cabida en el mundo actual. Cuando las personas damos prioridad al trabajo de campaña para acabar con la pena capital, realmente funciona. A pesar de la minoría de dirigentes decididos a utilizar este brutal e irreversible castigo como arma, las cosas están cambiando. Sólo es cuestión de tiempo para que el mundo esté libre de esta figura”, concluyó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.