El exgobernador Sergio Uribarri fue detenido por corrupción y alojado en un penal
Un tribunal de Casación revocó un fallo que benefició con la libertad ambulatoria al exgobernador, al confirmar la condena por corrupción que recibió en 2022, junto a algunos de sus funcionarios.
La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó este martes la “inmediata captura” del exgobernador Sergio Uribarri ante riesgo de “frustrar los fines del proceso”, al anular un fallo anterior que le había permitido seguir en libertad hasta que quede firme la condena en su contra. Esa medida se cumplió y el exmandatario fue trasladado a la Unidad Penal 1, de esa provincia.
“Se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria”, sostuvo la decisión de ese tribunal entrerriano integrado por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, dijeron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
Los camaristas hicieron lugar a una apelación fiscal y mencionaron “tratados internacionales” que comprometen a la Argentina en la lucha contra la corrupción y le impone el “deber de investigar, juzgar y castigar” estos delitos con “una mayor intensidad”.
En el caso se dilató el cumplimiento de la sentencia condenatoria que aún no está firme, “con diversas maniobras que trasuntan o un desconocimiento de la vía recursiva, o una voluntad” de “no respetarla”, advierte la sentencia. Los camaristas aludieron a riesgo de entorpecimiento de la causa penal.
También están condenados el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez y el ex funcionario Juan Aguilera.
Uribarri está condenado desde 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por “peculado” y “negociaciones incompatibles” en una sentencia que está apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entre los hechos juzgados, se dio por probado un esquema de retornos en cada operación financiada por el Estado provincial, o las contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro de presidentes del Mercosur que se hizo en Paraná en 2014.
Quedó probado además que esas y otras contrataciones, como la de pautas publicitarias en medios nacionales y la instalación de un parador turístico en Mar del Plata, tuvieron por finalidad promocionar la precandidatura de Urribarri a presidente de la Nación en 2015, a un costo de más de 14 millones de pesos.
El Tribunal también condenó al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, a seis años y medio de prisión: se lo acusó de uno de los delitos contra la administración pública, por ser dueño de las imprentas a la que se giraron los trabajos financiados con dinero público y funcionario a la vez, pero también por ser parte activa de la cartelización de empresas que posibilitó el desvío de fondos.
El exministro Pedro Báez también fue condenado a seis años de prisión. Otro de los exministros del entonces gobernador, Hugo Marsó, fue absuelto.
