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Prepagas: la Corte determinó que las empresas de salud deberán pedirle autorización al gobierno antes de aumentar

La Superintendencia de Servicios de Salud vuelve a tener la potestad de autorizar de forma previa los incrementos de las compañías de salud.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que las prepagas deberán pedirle autorización al Gobierno nacional antes de implementar un aumento en las cuotas de sus servicios.

 

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, disposición que invalida la desregulación absoluta de las cuotas de la medicina prepaga que venía rigiendo luego de la asunción de Javier Milei.

 

En su resolución, los magistrados consideraron que “no basta con invocar una emergencia genérica” y señalaron que el Gobierno no demostró en los argumentos del decreto una necesidad ni urgencia concreta para eliminar el control del Estado sobre las tarifas de salud.

 

Por lo tanto, al dejarse sin efecto la desregulación de esos dos artículos, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) vuelve a tener la potestad legal de revisar, fiscalizar y autorizar de manera previa las variaciones tarifarias que piden las empresas de medicina prepaga.

 

En su disposición, el máximo tribunal revocó el tramo de la sentencia que había dictado la Cámara Federal de La Plata, mediante el cual establecía que los aumentos pasarían a estar sujetos de manera automática al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

 

Con el fallo, la Corte ordenó que el control se lleve a cabo bajo los mecanismos de revisión legalmente establecidos, que son: evaluación de estructura de costos y cálculo actuarial.

 

Aclaró que la inconstitucionalidad recae solo sobre los artículos 267 y 269, “sin emitir opinión ni juzgar la validez del resto del DNU 70/2023”.

 

El fallo fue dictado en la causa iniciada por “Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo ley 16.986″.

 

En el texto se precisa que “María del Carmen Bobbio interpuso una acción de amparo contra Swiss Medical S.A. a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023”.

 

Detalla que el “‘Plan SM02’, cuya cuota sufrió un aumento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, pues su valor se elevó de $ 136.161,21 a $301.218,02” y agrega “que de haberse aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud de la Nación, el aumento de la cuota para el mes de enero de 2024 habría sido del 6,26%”.

 

En consecuencia, “solicitó que se dejasen sin efecto los aumentos de cuota aplicados por Swiss Medical S.A. luego del dictado del DNU 70/2023”.

 

“ESTÁN MATANDO AL SISTEMA”

Desde las empresas prestadoras, la respuesta ante esta decisión de la Justicia no se hizo esperar y estuvo marcada por una profunda preocupación. Las compañías aseguran que la imposibilidad de adecuar los valores de las cuotas al ritmo del proceso inflacionario actual amenaza de manera directa el funcionamiento operativo cotidiano y la estructura de costos indispensable para brindar un servicio adecuado a sus afiliados.

 

Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), entidad que nuclea no solo a las prepagas sino a la totalidad de las empresas del sistema privado de asistencia a la salud, fijó la postura institucional del sector tras conocerse la medida.

 

En declaraciones a un canal de streaming, el dirigente empresarial sostuvo con firmeza que el pronunciamiento judicial genera “un nivel de inseguridad jurídica enorme” dentro de la actividad.

 

Asimismo, el máximo referente de la UAS remarcó que las reglas de juego impredecibles y el congelamiento tarifario forzado ahuyentan las inversiones necesarias para mantener la infraestructura médica.

 

Según la visión del directivo, este tipo de fallos judiciales terminan desarticulando los planes económicos a largo plazo de los prestadores y comprometiendo gravemente el normal abastecimiento de insumos básicos y medicamentos importados.

 

En esa misma línea, Magonza encendió las alarmas sobre el verdadero alcance y las secuelas que este fallo puede acarrear para los afiliados en el corto y mediano plazo.

 

Según su visión, las consecuencias se reflejarán en una drástica reducción de la continuidad y el alcance de las prestaciones clínicas que hoy reciben los pacientes en los distintos centros de atención del país. “Están matando al sistema, la gente se va a quedar sin cobertura”, completó.

 

Por su parte, los defensores del fallo argumentan que la intervención judicial resulta imprescindible para frenar incrementos desproporcionados que exceden la capacidad de pago de los afiliados.

 

Desde esta postura, se enfatiza que la protección del derecho fundamental a la salud y el acceso a la atención médica deben primar sobre las pretensiones de rentabilidad de las compañías privadas en momentos de crisis económica.

 

El conflicto deja expuesta una encrucijada compleja que requiere una solución de fondo entre las autoridades gubernamentales, la Justicia y las entidades del sector. Mientras se aguardan posibles apelaciones o instancias de negociación intersectorial, la incertidumbre se traslada de lleno a los millones de usuarios que dependen cotidianamente del sistema de salud privado.

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