Magistrados especialistas brindaron su visión sobre el nuevo régimen penal juvenil

La presentación del libro “Régimen Penal Juvenil. Perspectiva Integral y Crítica. Ley Nº 27.801” tuvo lugar esta tarde. Se trata de una obra colectiva en la que se aborda, con una mirada interdisciplinaria, la realidad de adolescentes en conflicto con la ley y el marco de la normativa que entró en vigencia en septiembre pasado.

Uno de quienes contribuyeron con un artículo es Eduardo Llugdar, vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, quien actuó de anfitrión de colegas de Catamarca y Tucumán, quienes también participaron en este proyecto que fue publicado por Editores Rubinzal Culzoni.

En primer lugar, el magistrado santiagueño agradeció a los asistentes, tanto en forma presencial como virtual y a los dos invitados, quienes son referentes en materia penal juvenil de la región NOA, del país y del exterior, los doctores Rodrigo Morabito y Federico Moeykens.

En su mensaje, Llugdar sostuvo que “lamentablemente, los escenarios son muy confusos entre lo que es la seguridad pública y lo que es la persecución del Estado”, situación que coloca a los jueces en una encrucijada ante la presión que ejerce la opinión pública.

En ese sentido, afirmó que “no somos ni vamos a ser la venganza, aunque es obvio que la víctima quiere venganza y es legítimo que así sea, pero los operadores jurídicos tenemos que poner ante todo prudencia y ceñirnos al orden jurídico y constitucional”.

En cuanto a la obra en sí, consideró que se ha desarrollado una visión integral, que abarca todos los contextos previos y llega también con propuestas, que es lo más importante cuando se pretende mejorar la calidad legislativa. El objetivo es brindar herramientas para los operadores vinculados con la temática.

Enfatizó, por otra parte, la importancia de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad para abordar esta problemática compleja. “Esto no lo resuelven los abogados solos porque esto es un problema humano y  cuando se trata de menores de 18 años, por ser más alto grado de vulnerabilidad, no pueden sólo recibir respuestas meramente juridicistas porque no sirve, porque no aportan y porque es incompleta; se necesita el mayor aporte de otras disciplinas científicas”, manifestó Llugdar.

En tanto, apuntó que una nota común entre los autores que participaron en este libro es la falta de respaldo científico que tiene la  ley nacional  puesta en vigencia, sobre todo cuando esto es exigido por cánones de especialidad y especificidad que no se pueden soslayar.

En relación a esta cuestión, consideró que en algún momento, la ley nacional Nº 27.801, va a entrar en colisión con los Códigos Procesales Penales juveniles provinciales que tienen mayor legitimidad constitucional que las pautas procesales que bajo la máscara de norma de fondo la norma nacional invadió competencias no delegadas por las provincias consagradas en la Construcción Nacional y significará una disyuntiva para los jueces qué criterio aplicar. Además, no se tuvo en cuenta la realidad de distintas provincias en la materia, aseveró.

A su turno, Morabito puntualizó que son 44 los artículos que componen la obra, con un enfoque multidisciplinario, que cuenta con el prólogo de Aída Kemelmajer.

El juez de Responsabilidad Penal Juvenil de Primera Nominación de la Provincia de Catamarca, docente universitario, especialista en Derecho procesal constitucional y defensa pública, señaló que actualmente existe un diálogo controvertido y tenso en cuanto a la nueva ley en distintos ámbitos.

Luego reseñó cómo está compuesta la obra, que fue dirigida por él, Marisa Herrera y el Lisandro Pellegrini. En una primera parte, es el marco general en cuanto a la legislación; la segunda, contiene artículos más referenciados a la temática en particular y la tercera, es el enfoque desde la interdisciplina.

Por último, en forma virtual expuso Federico Moeykens, integrante del Colegio de Jueces y Juezas del Fuero Penal del Centro Judicial  Capital de la Justicia de la Provincia de Tucumán.

En un principio, remarcó el interés común de los tres disertantes de la actividad en cuanto a la situación socio-legal de los adolescentes que infringen la ley penal.

También se explayó en los desafíos que afronta la justicia restaurativa para lograr su cometido, para lo cual es imprescindible que tres partes se involucren, que son la víctima, el victimario y la comunidad. Ésta última es esencial para restablecer el lazo social quebrantado cuando un adolescente cometió un delito.

Al cierre de las exposiciones, los participantes efectuaron preguntas a los panelistas, generando un interesante intercambio de opiniones.

Esta actividad, organizada por el Centro Único de Capacitación del Poder Judicial, se realizó bajo modalidad híbrida: presencial en el Salón de Usos Múltiples y mediante plataforma virtual. Estuvo dirigida a personal del Poder Judicial, de los Ministerios Público Fiscal y de la Defensa, abogados e interesados en la problemática.