Ger repudió el recorte de medicamentos y reclama una respuesta nacional

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Santiago del Estero, a cargo de Luis Ger, expresó su enérgico repudio a la resolución 1447/2026 del ministerio de Salud de la Nación, por reducir el alcance del listado nacional de medicamentos esenciales asociado a Remediar. Por eso exige su revisión urgente y garantías efectivas para que ninguna persona quede sin el tratamiento que necesita por falta de recursos económicos.

La norma publicada el 15 de octubre derogó el vademécum aprobado en 2021, que comprendía 128 medicamentos en distintas formulaciones, y lo reemplazó por seis principios activos destinados a enfermedades vasculares. Aunque mantiene otros listados nacionales y no dispone la suspensión automática de toda provisión restante, restringe sustancialmente esta referencia para las compras y la distribución nacional, sin establecer un mecanismo detallado que asegure el reemplazo de los tratamientos excluidos.

La preocupación alcanza a quienes requieren medicamentos para diabetes, afecciones respiratorias, hipotiroidismo e infecciones, entre otras enfermedades. Si no existe una provisión alternativa suficiente y oportuna, aumentará el riesgo de interrupción de tratamientos, agravamiento de enfermedades y necesidad de atención de urgencia. Priorizar la salud vascular exige sostener también los tratamientos de otras patologías y de sus factores de riesgo.

Esta decisión se adopta mientras las provincias enfrentan restricciones financieras. IARAF estimó que las transferencias automáticas nacionales, que incluyen coparticipación, leyes especiales y compensaciones, acumularon una caída real del 0,6% entre enero y septiembre de 2026 frente al mismo período de 2025, pese al repunte interanual registrado en septiembre. En ese contexto, trasladar mayores necesidades de compra de medicamentos a las jurisdicciones sin recursos suficientes profundiza la presión sobre sus presupuestos.

La debilidad de la recaudación vinculada al mercado interno agrava el cuadro. CEPA estimó una caída real interanual del IVA del 5,8% en septiembre; CAME informó que las ventas minoristas pyme acumularon una retracción real del 2,1% entre enero y septiembre frente al mismo período de 2025. El cierre de industrias y pequeñas y medianas empresas, junto con la pérdida de empleos y la baja del consumo, reduce la actividad gravada y contribuye al deterioro de la recaudación nacional, provincial y municipal, mientras debilita los ingresos familiares.

Cada establecimiento que cierra y cada empleo que se pierde debilitan la capacidad de las familias para afrontar gastos de salud y pueden aumentar la demanda sobre hospitales y centros públicos. Si además se reduce la provisión nacional, el costo termina recayendo sobre provincias con capacidades desiguales y sobre hogares que ya tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

“Resulta inadmisible que una persona deba interrumpir su tratamiento porque no puede comprar un medicamento. La responsabilidad nacional debe expresarse en provisión, financiamiento y coordinación federal suficientes para garantizar el derecho a la salud”, sostuvo Luis Ger.

Estas actuaciones se fundan en el derecho a la salud reconocido por los tratados con jerarquía constitucional y en la obligación de justificar rigurosamente cualquier retroceso en su protección, especialmente cuando afecta a personas en situación de vulnerabilidad.

Para defender los derechos de los ciudadanos y actuar frente a su vulneración, la Defensoría impulsará las siguientes actuaciones a nivel nacional, dentro de sus competencias:

• Revisión urgente de la medida. Solicitar al Ministerio de Salud la revisión de la Resolución 1447/2026 y la suspensión de sus efectos restrictivos hasta asegurar una cobertura alternativa suficiente, continua y verificable, con participación de las provincias.
• Información pública y continuidad de tratamientos. Requerir el detalle de medicamentos, cantidades, compras, existencias y cronogramas de entrega; identificar qué programa cubrirá cada tratamiento excluido y exigir garantías durante la transición.
• Financiamiento federal. Reclamar a los ministerios de Salud y de Economía un esquema de provisión y financiamiento que contemple la situación fiscal provincial, preserve la equidad territorial y evite trasladar gastos a las familias.
• Intervención del Congreso de la Nación. Remitir el pronunciamiento a Diputados y al Senado, solicitar la intervención de sus comisiones competentes y promover garantías legales de continuidad, financiamiento y control de la provisión de medicamentos esenciales.
• Acción conjunta de las defensorías. Proponer a ADPRA una actuación coordinada, reunir antecedentes de faltantes y acompañar los reclamos ciudadanos para documentar sus consecuencias y sostener una respuesta federal.
• Evaluación de acciones judiciales. Ante interrupciones o amenazas concretas al acceso, evaluar amparos y medidas cautelares con quienes tengan legitimación, ante la jurisdicción competente, para obtener protección urgente de los tratamientos.

La Defensoría reclama una respuesta inmediata del gobierno nacional. El ajuste de la provisión de medicamentos esenciales compromete derechos cuando deja necesidades sin cobertura efectiva. Garantizar atención y tratamiento oportunos debe ser una prioridad del Estado, especialmente para quienes dependen de la salud pública.