Presupuesto: el gobierno busca los votos de sus aliados, que reclaman más fondos para discapacidad y universidades

El gobierno inició esta semana las negociaciones con los bloques aliados de la Cámara de Diputados para avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027: el encuentro fue encabezado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y contó con la participación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Los legisladores dialoguistas reclamaron precisiones sobre las partidas para universidades y discapacidad, además de definiciones sobre el cronograma de tratamiento del proyecto.

 

De la reunión también participaron la secretaria parlamentaria del bloque de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, y el senador oficialista Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.

 

Entre los diputados aliados estuvieron los radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri; Karina Maureira, de La Neuquinidad; José Luis Garrido, de Santa Cruz; Eduardo Falcone, del MID; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Gladys Medina, del bloque Independencia, y Javier Sánchez Wrba, del PRO.

 

El objetivo del oficialismo es conseguir dictamen el 28 de octubre y llevar el Presupuesto al recinto durante noviembre, para que el Senado pueda tratarlo antes de la finalización del período de sesiones ordinarias, el 30 de ese mes.

 

Sin embargo, el cronograma todavía es tentativo y dependerá de los acuerdos que La Libertad Avanza consiga con los sectores dialoguistas.

 

Durante el encuentro, los diputados solicitaron precisiones sobre las fechas del debate y los funcionarios que concurrirán al Congreso para explicar los principales puntos del proyecto.

 

“Queremos conocer el cronograma de tratamiento legislativo y qué funcionarios vendrán a defender el proyecto del Gobierno”, señaló uno de los legisladores que participó de la reunión.

 

En principio, La Libertad Avanza iniciará el debate el martes 13 de octubre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch.

 

Para esa jornada se prevén las exposiciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase. También se proyectó una segunda reunión para el miércoles 14 de octubre.

 

El calendario que planteó el oficialismo contempla nuevos encuentros los días 20, 27 y 28 de octubre. La intención es firmar los dictámenes en la última fecha y llevar el proyecto al recinto durante noviembre.

 

De concretarse ese esquema, el Senado tendría tiempo para avanzar con un tratamiento acelerado en comisión y una posterior votación antes del cierre de las sesiones ordinarias.

 

No obstante, las fechas están sujetas a modificaciones y todavía no existe un cronograma definitivo.

 

La reunión también incluyó planteos sobre otros temas que generan diferencias entre el oficialismo y sus aliados.

 

Como el diputado Eduardo Falcone, del MID, que solicitó definiciones sobre la situación de la Ley de Tierras, derogada por el DNU 70/2023. El legislador insistió en la necesidad de que el gobierno presente una propuesta y no descartó que el tema se incorpore al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya fue aprobado por el Senado.

 

El oficialismo rápidamente convocó al plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General para el próximo miércoles para tratar el proyecto de Propiedad Privada que incluirá un capítulo referido a la extranjerización de tierras rurales.

 

“Algunos de ellos están más preocupados que nosotros en que no se caiga el DNU 70/23”, señaló una diputada libertaria sobre la posición de algunos bloques dialoguistas.

 

Según TN, Karina Maureira, diputada de La Neuquinidad y representante del espacio político del gobernador Rolando Figueroa, también reclamó explicaciones sobre temas pendientes, entre ellos el endeudamiento familiar y discapacidad.

 

Ambas cuestiones forman parte de los asuntos que la oposición busca discutir en una sesión especial solicitada para el jueves 15 de octubre.

 

LOS ALIADOS RECLAMAN MÁS FONDOS PARA UNIVERSIDADES Y DISCAPACIDAD

Uno de los principales planteos de los bloques dialoguistas estuvo relacionado con los recursos destinados a las universidades públicas y al sector de discapacidad.

 

Los reclamos son impulsados, entre otros, por legisladores vinculados con los gobernadores de Misiones y Salta, nucleados en Argentina Federal.

 

En ese contexto, el diputado nacional misionero Alberto Arrúa presentó un proyecto de resolución para exigir que el Ejecutivo incorpore al Presupuesto 2027 los recursos necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

 

La iniciativa busca garantizar las partidas para el funcionamiento de las universidades nacionales, la actualización de sus presupuestos, la recomposición salarial de docentes y no docentes y el financiamiento de becas estudiantiles.

 

“El financiamiento de nuestras universidades públicas debe ser una prioridad en la planificación presupuestaria del Estado nacional. No alcanza con reconocer la importancia de la educación superior: es indispensable garantizar los recursos que permitan sostener su funcionamiento, acompañar a sus trabajadores y asegurar el acceso de nuestros jóvenes a la educación universitaria”, sostuvo Arrúa.

 

PEDIDO DE LA UCR

La Mesa de conducción del Comité Nacional del radicalismo, liderado por Leonel Chiarella, en conjunto con legisladores nacionales y el bloque de Rectores Reformistas se pronunciaron a favor del proyecto de Presupuesto Universitario presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la defensa de la autonomía, luego de una reunión que mantuvieron.

 

La UCR exhortó a los diputados y senadores a defender el financiamiento necesario para el funcionamiento de las Universidades Nacionales en el debate por el presupuesto 2027.

 

En la discusión por el presupuesto para el año próximo, las instituciones de educación superior volvieron a encender las alertas producto de la insuficiencia de recursos que pretende asignar el Poder Ejecutivo.

 

El CIN elaboró una propuesta que contempla las necesidades de las universidades en materia salarial, funcionamiento, investigación, ciencia y tecnología, extensión, becas e infraestructura. Esto contempla alrededor de 11 billones de pesos. El proyecto oficial estima un 34% menos de lo requerido para poder funcionar.

 

Los pedidos por universidades y discapacidad se suman así a las negociaciones parlamentarias que el gobierno deberá afrontar para reunir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto.

 

El proyecto, que ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 15 de septiembre, establece las previsiones de recaudación, el resultado fiscal esperado, el nivel de gasto público y las partidas destinadas a las distintas áreas de la administración nacional.

 

Entre sus principales variables económicas, el texto contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% anual, una inflación interanual del 18% y un dólar de $1847,60 para diciembre de 2027.

 

Con ese escenario, La Libertad Avanza busca avanzar con el tratamiento legislativo durante octubre y llegar a noviembre con los acuerdos necesarios para conseguir la aprobación de la iniciativa en Diputados y posteriormente en el Senado.