Solicitaron nuevas medidas de prueba contra Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito
La querella querellante formalizó un pedido ante la Justicia Federal para disponer peritajes contables, levantamiento del secreto fiscal y entrecruzamientos bancarios sobre el vocero presidencial. La medida busca contrastar la evolución de sus activos con las declaraciones juradas presentadas desde su ingreso a la función pública.
En el marco de la causa que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, la representación querellante solicitó una batería de nuevas medidas de prueba contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El requerimiento apunta a esclarecer inconsistencias detectadas en la evolución de su patrimonio familiar, sus depósitos bancarios y compromisos financieros.
La presentación formal urge al juzgado interviniente a ordenar el entrecruzamiento sistemático de datos tributarios y patrimoniales con los organismos nacionales de control.
Ejes de las medidas de prueba solicitadas
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Peritaje contables y levantamiento del secreto fiscal: Se solicitó un examen integral por parte del Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia Nacional para analizar los ingresos, compras de divisas y bienes inmuebles adquiridos antes y después de su asunción en el Poder Ejecutivo.
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Informes a AFIP/ARCA y Registros de la Propiedad: La petición incluye pedidos de informes detallados a la Administración Federal sobre declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y bienes personales, así como solicitudes de dominio a los registros inmobiliarios y del automotor.
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Inspección de créditos y deudas bancarias: Se requirió al Banco Central (BCRA) un rastreo de saldos en cuentas de ahorro, plazos fijos y la verificación de la adquisición de créditos o préstamos otorgados a miembros de su núcleo familiar directo.
Proyección del expediente en Comodoro Py
El juez a cargo del expediente junto a la fiscalía interviniente deberán resolver en los próximos días si dan lugar al conjunto de diligencias solicitadas por la querella, en una causa que vuelve a poner bajo la lupa la transparencia en la gestión de los altos funcionarios de la administración nacional.
