Bolivia elimina el subsidio al diésel tras aprobar un crédito de US$1.900 millones del FMI

El presidente Rodrigo Paz anunció que el precio del combustible quedará atado al costo internacional de importación. La gasolina mantendrá el subsidio hasta fin de año. La medida busca garantizar el abastecimiento y reducir el gasto estatal, pero genera rechazo entre sindicatos.
El Gobierno de Bolivia dio un giro en su política de combustibles. El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció la eliminación inmediata de la subvención al diésel, pocas horas después de que el Congreso aprobara un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$1.900 millones.
A partir de la nueva medida, el precio del diésel quedará vinculado al costo internacional de importación. El Ejecutivo sostiene que el cambio permitirá mejorar el abastecimiento y terminar con las dificultades que desde hace meses afectan la disponibilidad del combustible.
“Es la decisión más responsable con el país. Subsidio o futuro. Hay que tomar medidas, por muy duras que sean”, expresó Paz durante un mensaje televisado.
El mandatario explicó que el Estado destina alrededor de US$55 millones por semana a la subvención de los combustibles y consideró que ese gasto resulta insostenible. Según el Gobierno, los recursos que se liberen serán destinados a producción, infraestructura, servicios públicos y exploración y producción de hidrocarburos.
La gasolina seguirá subsidiada
La eliminación no alcanza todavía a todos los combustibles. La gasolina mantendrá la subvención hasta finales de 2026, mientras el acuerdo económico contempla avanzar hacia la eliminación de los subsidios a los carburantes.
Para amortiguar el impacto sobre los sectores más vulnerables, el Gobierno anunció bonos para familias de menores ingresos, créditos para vivienda y actividades productivas, reprogramación de deudas tributarias y beneficios para la importación de maquinaria y equipos.
El acuerdo con el FMI
El Parlamento boliviano aprobó un programa de financiamiento de US$1.900 millones, que forma parte de un acuerdo de 36 meses con el FMI. El programa contempla medidas destinadas a reducir el déficit fiscal, fortalecer las reservas internacionales y estabilizar la economía.
El acuerdo todavía debe recibir la aprobación definitiva del directorio del organismo, prevista para octubre. El Gobierno boliviano espera además que el programa facilite el acceso a más de US$5.000 millones de financiamiento adicional de organismos internacionales.
Escasez y tensión social
La decisión llega en un contexto de problemas persistentes de abastecimiento de diésel. Bolivia depende fuertemente de las importaciones para cubrir su demanda interna y la falta de combustible ha afectado especialmente al transporte y al sector agropecuario.
Los sindicatos y la Central Obrera Boliviana (COB) cuestionaron el acuerdo con el FMI y advirtieron sobre el posible impacto de las medidas sobre los precios y las familias. También existe preocupación por una eventual reactivación de las protestas que ya paralizaron distintas zonas del país durante este año.
Con esta decisión, el Gobierno de Paz busca atacar uno de los principales problemas económicos de Bolivia: el alto costo de mantener los combustibles subsidiados mientras persisten la escasez, la falta de dólares y las dificultades para importar.



