Justicia: La formación de los nuevos abogados abre una fuerte polémica en el foro santiagueño

Una discusión que durante mucho tiempo permaneció circunscripta a conversaciones entre colegas, estudios jurídicos y pasillos tribunalicios comienza a tomar estado público. Abogados y abogadas del foro santiagueño manifiestan preocupación por lo que consideran una disminución de los estándares académicos con los que una nueva generación de profesionales llega al ejercicio de la abogacía.

En el centro del debate aparecen determinadas carreras cursadas bajo modalidades virtuales, sus sistemas de evaluación y una pregunta que divide opiniones: ¿puede la flexibilización de la enseñanza terminar provocando una flexibilización de la formación jurídica y arrastrar hacia abajo la calidad del sistema de Justicia?

MULTIPLE CHOICE, CARTILLAS Y MENOS LIBROS

Uno de los principales cuestionamientos apunta a modelos educativos que, según sostienen sectores críticos del foro, descansan fuertemente en evaluaciones mediante multiple choice y materiales de estudio resumidos. Para estos profesionales, ninguna modalidad debería reemplazar la lectura sistemática de códigos, doctrina, jurisprudencia, tratados y bibliografía especializada que históricamente caracterizó la formación del abogado.

La discusión, sin embargo, exige evitar generalizaciones. Haber estudiado virtualmente no convierte a una persona en un profesional deficiente, así como haber cursado presencialmente tampoco garantiza excelencia. El verdadero interrogante pasa por determinar qué nivel de exigencia académica debe acreditar cualquier universidad antes de otorgar un título que posteriormente habilitará para intervenir sobre los bienes, los derechos e incluso la libertad de terceros.

DE LA BIBLIOTECA A LAS REDES SOCIALES

Otro fenómeno alimenta el debate. Abogados con años de trayectoria observan que algunos jóvenes profesionales parecen dedicar una parte considerable de su actividad a construir presencia en Instagram, TikTok y otras plataformas. Las redes constituyen hoy una herramienta legítima de comunicación y posicionamiento profesional, pero la crítica aparece cuando la exposición pública pretende sustituir aquello que ninguna estrategia de marketing puede proporcionar: formación, especialización y experiencia.

Durante décadas, los primeros años de ejercicio estuvieron vinculados a posgrados, cursos, lectura permanente, trabajo junto a profesionales experimentados y largas jornadas dentro de tribunales. Hoy las formas de aprender y ejercer cambiaron, pero una máxima continúa intacta: la popularidad no equivale a idoneidad y miles de seguidores no convierten a nadie en especialista.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UNA NUEVA ALERTA EN LOS EXPEDIENTES

La irrupción de la Inteligencia Artificial incorporó un elemento completamente nuevo. Herramientas generativas son capaces de confeccionar en segundos demandas, contestaciones, recursos y extensos desarrollos jurídicos. Bien utilizadas, pueden constituir uno de los mayores avances tecnológicos de las últimas décadas para la profesión. El riesgo aparece cuando el abogado no posee la preparación necesaria para controlar aquello que produce la máquina.

Una cita inexistente, jurisprudencia inventada, legislación equivocada o un argumento procesal improcedente pueden terminar incorporados a una presentación judicial si el profesional se limita a copiar y pegar. La Inteligencia Artificial puede redactar el escrito, pero quien lo firma continúa siendo el abogado. Y con la firma permanece también su responsabilidad.

DERECHO PENAL: CUANDO LO QUE ESTÁ EN JUEGO ES LA LIBERTAD

Es probablemente el aspecto que mayor preocupación genera. En materia penal, una actuación profesional deficiente puede tener consecuencias que exceden largamente una pérdida económica. Una estrategia equivocada, un recurso omitido, un plazo vencido o un planteo realizado incorrectamente pueden repercutir directamente sobre la situación procesal de una persona.

Profesionales consultados consideran que determinadas actuaciones podrían, si se acreditaran negligencia y perjuicio en casos concretos, abrir discusiones sobre defensa técnica eficaz y eventualmente sobre responsabilidad profesional. Esto no significa que perder un proceso equivalga a mala praxis ni permite atribuir deficiencias a un colectivo de abogados por su universidad de procedencia. Pero coloca sobre la mesa una cuestión que el sistema no debería ignorar: la defensa penal no puede ser solamente formal; debe ser real, técnica y efectiva.

¿QUIÉN EVALÚA A QUIENES QUIEREN SER JUECES?

La polémica adquiere una dimensión institucional cuando alcanza los mecanismos de selección de magistrados. Abogados del foro plantean reparos ante la participación de profesionales provenientes de modalidades educativas cuestionadas en ámbitos relacionados con la evaluación de aspirantes a cargos judiciales.

La discusión debería superar nombres propios y universidades determinadas. El interrogante institucional es otro: ¿qué formación, experiencia, antecedentes y conocimientos debe acreditar una persona para asumir la responsabilidad de evaluar a quien pretende convertirse en juez o fiscal?

Si la idoneidad constituye una condición esencial para ingresar a la magistratura, sostienen quienes impulsan el debate, también debería existir máxima transparencia respecto de los antecedentes de quienes intervienen en esos procesos de evaluación.

EL DEBATE LLEGARÍA AL COLEGIO DE ABOGADOS

El malestar podría dejar próximamente los pasillos tribunalicios. Profesionales analizan presentar planteos ante el Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero con el objetivo de promover una discusión institucional sobre capacitación permanente, ética, actualización profesional y estándares de calidad.

El desafío será evitar una confrontación simplista entre “universidades virtuales” y “universidades presenciales”. La educación a distancia llegó para quedarse y la tecnología continuará modificando profundamente la enseñanza. La verdadera discusión debería centrarse en otra cuestión: cuánto conocimiento debe exigirse para ejercer una profesión de semejante responsabilidad social.

LA TECNOLOGÍA PUEDE CAMBIAR EL DERECHO. LO QUE NO PUEDE HACER ES BAJAR LA VARA

Las universidades cambiarán. Las aulas cambiarán. La Inteligencia Artificial transformará radicalmente la abogacía y las redes sociales seguirán siendo una extraordinaria vidriera profesional. Resistirse a esas transformaciones sería absurdo.

Pero modernizar no significa necesariamente facilitar y democratizar el acceso al conocimiento no debería significar reducir la exigencia para obtenerlo.

Una profesión que comienza a nivelarse hacia abajo termina arrastrando hacia abajo la calidad del sistema de Justicia.