El Estado destina más de $200 millones por mes en 11 jubilaciones de privilegio: quiénes son los beneficiarios
Un relevamiento oficial sobre los haberes que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) bajo el régimen de la Ley 24.018 expuso los montos asignados a expresidentes, exvicepresidentes y derechohabientes. El listado lo encabeza Alberto Fernández con un haber mensual superior a los $26 millones.
El Estado nacional desembolsa mensualmente una cifra superior a los $200 millones para saldar 11 asignaciones vitalicias especiales destinadas a exjefes de Estado, exvicepresidentes y sus familiares directos.
Los beneficios, enmarcados en el régimen no contributivo de la Ley 24.018, se mantienen activos tras las bajas y revisiones administrativas aplicadas por el Ejecutivo nacional en casos puntuales.
La nómina de las 11 asignaciones vitalicias vigentes
De acuerdo con las liquidaciones de la ANSES difundidas, la escala de haberes mensuales brutos se distribuye de la siguiente manera:
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Alberto Fernández (Expresidente): $26.092.447,56
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Mauricio Macri (Expresidente): $25.043.153,46
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Adolfo Rodríguez Saá (Expresidente): $23.999.253,02
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Zulema Yoma (Viuda del expresidente Carlos Menem): $20.618.733,63
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Gabriela Michetti (Exvicepresidenta): $18.192.138,24
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Julio César Cleto Cobos (Exvicepresidente): $17.999.446,65
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Inés Pertiné (Viuda del expresidente Fernando de la Rúa): $17.561.990,73
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Beatriz Nelly Andrés (Viuda del expresidente de facto Roberto Levingston): $16.214.248,39
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María Estela Martínez de Perón (Expresidenta): $12.936.493,68
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Amalia Carmen Guido (Hija del expresidente José María Guido): $12.691.238,04
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Daniel Scioli (Exvicepresidente y actual funcionario nacional): $12.486.621,66
El debate sobre los regímenes de excepción
Las asignaciones vitalicias establecidas por la Ley 24.018 están atadas de forma equiparada a las remuneraciones de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La difusión del detalle de estos 11 haberes reaviva el debate político y legislativo en el Congreso, donde se analizan diversos proyectos que proponen desde la derogación de las jubilaciones de privilegio para futuras administraciones hasta la fijación de un tope máximo que equipare estos ingresos con el régimen general de previsión social.
