Un psiquiatra denunció a su expareja por falsa denuncia y tentativa de robo: asegura vivir un calvario familiar
El profesional sostuvo que la mujer se habría negado a aceptar el final de la relación y que, a partir de entonces, comenzó una sucesión de episodios que terminaron en denuncias cruzadas, una prohibición de acercamiento y un grave incidente en la vivienda que alquilaba. Ahora pide que la Justicia investigue una presunta falsa denuncia y una tentativa de robo.
Un reconocido médico psiquiatra de Santiago del Estero y su familia atraviesan lo que describen como un verdadero calvario judicial y personal luego de una conflictiva separación de su expareja, una mujer oriunda de la provincia de Tucumán. Se trata del revés de la versión que algunos medios replicaron con la mera denuncia de la tucumana, donde se omitieron detalles escandalosos.
La situación tomó ahora un nuevo rumbo: el profesional formuló una denuncia penal por presunta falsa denuncia y tentativa de robo, solicitando que se investiguen los episodios que, según sostiene, comenzaron cuando decidió poner fin definitivamente a la relación.
De acuerdo con su relato, el pasado 3 de mayo abandonó la vivienda que alquilaba después de haber permanecido durante aproximadamente tres días sin poder retirarse normalmente del inmueble, debido a que su entonces pareja presuntamente le habría ocultado las llaves de la casa y de su vehículo cuando él manifestó su decisión de terminar la relación.
Finalmente se marchó y comenzó a residir en el domicilio de un familiar.
Según la presentación, lejos de terminar allí el conflicto, aquel episodio habría sido apenas el comienzo.
LA DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Después de que el médico dejara de regresar a la vivienda, su expareja formuló una denuncia por violencia de género y posteriormente habría cambiado la cerradura del inmueble.
Un dato que ahora forma parte de la controversia es que el contrato de alquiler había sido celebrado por el propio profesional con la propietaria de la vivienda. Siempre según su versión, la mujer había llegado originalmente para permanecer durante un fin de semana y finalmente se habría instalado allí.
La propietaria del inmueble también habría realizado presentaciones para recuperar la vivienda, alegando que necesitaba disponer de ella, sin obtener inicialmente una solución efectiva.
Los abogados del psiquiatra plantearon ante la jueza Norma Morán que, desde su perspectiva, no existía conducta delictiva atribuible a su defendido que justificara la situación generada.
Sin embargo, en el marco de las medidas adoptadas, la jueza habría dispuesto que la mujer tuviera plazo hasta el 20 de agosto para abandonar la propiedad, mientras el profesional debía continuar afrontando el alquiler durante 3 meses sin vivir allí. Paralelamente, se estableció una prohibición de acercamiento respecto de su expareja.
La defensa cuestiona particularmente esa situación: sostiene que el médico se encontraba impedido de ingresar al inmueble que había contratado y cuyo alquiler continuaba pagando.
Una camioneta y una casa que estaba siendo vaciada
Pero el conflicto adquirió una dimensión todavía más grave el martes 12 de agosto.
Según la denuncia, vecinos del lugar advirtieron movimientos extraños en la vivienda y observaron una camioneta mientras varias personas presuntamente retiraban elementos del inmueble.
La situación llamó especialmente la atención porque, según los testimonios aportados, se estaban desmontando incluso equipos de aire acondicionado que pertenecerían a la propietaria de la casa.
Ante el aviso intervino personal policial, se labraron las correspondientes actuaciones y se habría dispuesto una medida de prohibición de innovar para impedir modificaciones o retiro de bienes mientras se esclarecía lo sucedido.
Los abogados del médico solicitaron entonces la intervención inmediata de la fiscalía de turno.
La defensa sostiene que, frente a una denuncia concreta y ante la existencia de un vehículo presuntamente utilizado para retirar los elementos, correspondía como mínimo identificar a todos los ocupantes, individualizar a las personas que se encontraban sacando bienes y evaluar el secuestro preventivo del vehículo, además de determinar la propiedad y destino de los objetos retirados.
Es precisamente a partir de este episodio que el profesional decidió avanzar penalmente para que se investigue una eventual tentativa de robo, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente corresponda.
UNA AMENAZA QUE ENCENDIÓ TODAS LAS ALARMAS
Sin embargo, existe un aspecto que genera todavía mayor preocupación entre el médico, su familia y sus abogados.
De acuerdo con lo denunciado, la expareja habría manifestado que denunciaría al profesional por abuso e incluso que formularía denuncias contra sus abogados.
La gravedad de esa afirmación llevó a la defensa a solicitar que la circunstancia quede formalmente documentada y sea investigada, especialmente ante el temor de nuevas presentaciones penales en el contexto de una separación extremadamente conflictiva.
El caso plantea ahora un escenario particularmente delicado.
Por un lado, toda denuncia vinculada con violencia de género o delitos contra la integridad sexual debe ser investigada con seriedad y conforme a los protocolos correspondientes. Pero esa obligación estatal no elimina la presunción de inocencia ni impide investigar una eventual denuncia deliberadamente falsa cuando existan elementos objetivos que permitan sospecharla.
Será ahora la Justicia la que deberá reconstruir cronológicamente los acontecimientos, analizar las denuncias y actuaciones existentes, escuchar a los vecinos, determinar quiénes participaron del retiro de bienes de la vivienda y establecer qué ocurrió realmente desde aquel 3 de mayo.
Mientras tanto, el psiquiatra sostiene que una decisión estrictamente personal —terminar una relación— terminó convirtiéndose en una pesadilla que alcanzó no solamente su vida profesional y privada, sino también a toda su familia.
La investigación tendrá ahora una responsabilidad central: separar el conflicto sentimental de los hechos penalmente relevantes y determinar, sobre la base de pruebas y no de simples acusaciones, quién fue víctima y quién deberá responder ante la Justicia.
