El Gobierno frenó la derogación de la ley del precio único de los libros tras el rechazo del sector
El Gobierno nacional decidió no enviar al Congreso el proyecto que contemplaba la derogación de la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, conocida como la norma del precio único de los libros.
La iniciativa había sido impulsada por el equipo de desregulación oficial y proponía modificar las reglas que actualmente establecen un precio uniforme de venta al público para cada ejemplar. Sin embargo, el fuerte rechazo de librerías, editoriales y autores llevó al Ejecutivo a frenar el avance del proyecto.
Por qué el Gobierno dio marcha atrás
Uno de los principales argumentos planteados por el sector editorial fue que la eliminación del precio único podría afectar especialmente a las librerías independientes y de barrio, que tendrían mayores dificultades para competir con grandes cadenas comerciales y plataformas de comercio electrónico.
Desde el ámbito editorial también se defendió el carácter cultural del libro y se sostuvo que la normativa contribuye a preservar la diversidad de títulos disponibles y a evitar que el libro sea considerado únicamente como una mercancía sujeta a las reglas de una competencia basada exclusivamente en el precio.
La decisión del Gobierno se produjo además en un contexto de dificultades para avanzar con distintas iniciativas legislativas del oficialismo, por lo que la discusión sobre la desregulación del mercado editorial quedó, al menos por ahora, postergada.
Qué establece la Ley 25.542
La Ley de Defensa de la Actividad Librera establece que los editores, importadores o representantes deben fijar un precio de venta al público (PVP) para cada libro, que debe ser respetado por los distintos puntos de comercialización.
El objetivo de este mecanismo es establecer condiciones de competencia similares entre las grandes cadenas y las pequeñas librerías, evitando que determinados actores puedan aplicar descuentos muy elevados para captar mercado.
La normativa contempla algunas excepciones. El régimen de precio uniforme no alcanza, entre otros casos, a libros antiguos, ejemplares usados, obras de colección o descatalogadas y determinadas ventas destinadas a bibliotecas públicas.
La agenda de desregulación continúa
Aunque el Ejecutivo decidió dejar de lado la modificación de la normativa que regula el mercado editorial, la agenda de desregulación mantiene otros objetivos.
Entre las áreas que continúan bajo análisis aparecen cambios vinculados al transporte terrestre de cargas y pasajeros, con propuestas orientadas a flexibilizar licencias y reducir barreras de entrada.
También se impulsa la digitalización y simplificación de trámites en distintos organismos públicos, incluidos procesos vinculados con los Registros Automotores y la Aduana.
Otro de los ejes está relacionado con las normas de competencia, con iniciativas destinadas a fortalecer los mecanismos de control sobre monopolios y facilitar la importación de determinados insumos considerados estratégicos para la actividad industrial.
De esta manera, el Gobierno decidió retirar de su agenda inmediata la disputa por la Ley 25.542, luego de evaluar el impacto que su derogación podría generar sobre el sector editorial y las librerías independientes.
