Raid mortal: una de las querellas espera que sigan detenidos policías acusados y se apunte a otros responsables

Mientras se aguarda que la jueza María del Huerto Bravo Suárez defina si impone prisión preventiva o excarcela a los policías detenidos por un raid mortal con una combi de Guardia de Infantería, el querellante Marcelo Castillo Gioya destacó que pese a la feria que recientemente finalizó en la causa hubo avances significativos en la recolección de evidencias de rigor científico.

En ese grave episodio ocurrido el 18 de junio murieron Sergio Gordillo y Joana Ibáñez quien se encontraba embarazada, lo que fue confirmado en la autopsia, por lo que las víctimas fatales fueron tres, según remarcó el abogado. Además, resultó herida una hija de la pareja, de 8 años, como así también un motociclista, Miguel Debs, quien salvó su vida milagrosamente.

Castillo Gioya subrayó que las pericias mecánicas y accidentológicas sobre el funcionamiento de la combi de Guardia de Infantería que protagonizó los siniestros, que fueron realizadas por Gendarmería Nacional, arrojaron que se encontraba en perfectas condiciones: “En el vehículo que se hizo la pericia realmente se han se han evaluado los sistemas de freno de mano y del mismo vehículo y funcionan perfectamente. El personal de gendarmería hizo todos los movimientos mecánicos necesarios para que eso quede para todos los presentes con una claridad meridiana de que esto era así”, precisó.

También recordó que se le tomó declaración de imputados a los dos policías, el conductor y acompañante de la combi, antes de la feria, donde ambos adujeron que Giménez sufrió una descompensación y que Salto intentó reanimarlo y esquivó algunos obstáculos tomando el volante.

Pero el querellante sostuvo que accedieron al expediente y allí se habrían descubierto algunas incongruencias entre los dichos de los imputados y el secuestro de documentación, concretamente el libro de guardia del Cuerpo de Guardia de Infantería, lo que “refleja que salen estos dos vehículos y eso ya es sugestivo”.

En ese sentido, el abogado indicó que “por protocolo siempre debe quedar uno de los dos vehículos en reserva en la base de la compañía y por cualquier eventualidad. Esa noche salieron los dos con el objetivo de cargar combustible y resulta ser que en la pericia se determina que el vehículo policial que protagonizó los siniestros tenía el tanque lleno. O sea, ahí ya comenzamos mal, porque esa es la excusa seguramente y no está claro el verdadero motivo de por qué salen esos dos vehículos”.

Castillo Gioya también apuntó a que se busca saber “si los controles administrativos para la admisión del personal policial han funcionado y si estaban habilitados, al menos el chofer, para conducir vehículos oficiales, y por sobre todas las cosas, cuando transporta personal policial en vehículos de gran porte”.

El letrado calificó el hecho como “un siniestro, porque de accidente no tiene nada. Esto no tendría que haber ocurrido nunca, porque una persona que está disminuida en sus capacidades, como los mismos abogados defensores lo han dicho al referir una patología de base, por la cual no debía ni podía conducir y lo mismo lo hizo”.

Como exmiembro de la fuerza, precisó que la responsabilidad alcanzaría “mínimamente al jefe del Cuerpo Guardia de Infantería, como así también el jefe de compañía o los oficiales de servicio, el cabo de cuarto, que son las jerarquías de la misma dependencia policial, pero a la vez depende de otro superior y ese superior también depende del jefe de policía”. Por eso estimó que, aparte de la responsabilidad por las muertes y heridos achacada a Giménez y Salto, también se debe tomar en cuenta “la conducta criminalizada de abuso de autoridad y violación a los deberes de incumplimiento funcionario público”.

Por eso consideró que habría una “responsabilidad administrativa, penal y civil ascendente: en este caso atraviesa si se quiere los mandos naturales de la institución, porque hay un organismo del cual la jefatura de policía depende, que en este caso es la secretaria de Seguridad. Todas estas cosas deben ser controladas”.

Castillo Gioya señaló que “no puede ocurrir semejante tragedia y encima de un tiempo a esta parte hay un silencio total.  Se han perdido tres vidas y una menor ha sido dada de alta, gracias a Dios, y es como que a nadie le importara”.

“Y lo peor de todo es ha sido cometido ese siniestro por una agencia que nos tiene que cuidar a todos. La institución policial tiene por objetivo principal proteger, servir a la comunidad y proteger a sus ciudadanos. A las cosas materiales y a las personas también”, expresó.

Por otro lado, indicó que los cuatro hijos menores de las víctimas, que quedaron huérfanos, se encuentran al cuidado la abuela materna, es decir, con la familia Ibáñez. “Eso también se tendrá que ver o notificar en su momento a los organismos como la secretaría de la Niñez para ver su bienestar en esa familia. Pero esa ya es una cuestión extraprocesal”.