Cristina Kirchner llevó su condena a la ONU y su defensa sostiene que Argentina deberá cumplir una eventual resolución
La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner formalizó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para impugnar la condena dictada en la causa Vialidad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los abogados sostuvieron que, en caso de una resolución favorable, el Estado argentino estará obligado a acatar lo que determine el organismo internacional.
Durante una conferencia de prensa, los letrados Carlos Beraldi, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, quien participó en la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, explicaron que la presentación busca cuestionar la legalidad del proceso judicial que culminó con la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la exmandataria.
Según la defensa, el trámite ante el organismo con sede en Ginebra denuncia la presunta vulneración de garantías fundamentales reconocidas en tratados internacionales suscriptos por Argentina.
Entre los principales pedidos presentados al Comité figuran la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos electivos, al considerar que constituye una “proscripción electoral”; la revisión de la actual integración de la Corte Suprema de Justicia, por entender que afecta el derecho a una tutela judicial efectiva; y una evaluación de las condiciones en las que Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria.
El abogado Javier Borrego cuestionó especialmente las medidas impuestas durante el arresto domiciliario y calificó la situación de la expresidenta como una “condena discriminatoria”. Además, señaló que las restricciones incluyen la presencia permanente de custodia policial, el uso de una tobillera electrónica y limitaciones para recibir visitas y desplazarse dentro de su domicilio.
Con esta presentación, la estrategia judicial de Cristina Kirchner suma un nuevo capítulo en el ámbito internacional, mientras la defensa busca que el Comité de Derechos Humanos analice la actuación de la Justicia argentina en la causa Vialidad.
