Santiago se suma a una jornada federal para defender la Ley de Tierras

Organizaciones de Santiago del Estero convocaron a la comunidad a participar de una “Charla Abierta, Mateada y Banderazo” que se realizará el jueves 30 de julio, a las 15, en el Paseo de Food Trucks Diego Maradona, bajo la consigna “Santiago del Estero le dice no a la extranjerización de la tierra” y el lema nacional “Argentina no se vende”.

La actividad forma parte de una jornada federal que se desarrollará en distintos puntos del país bajo la consigna #LaArgentinaNoSeVende y tiene como objetivo expresar el rechazo a la posible derogación de la Ley Nacional N.º 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, conocida como Ley de Tierras.

Según informaron los organizadores mediante un comunicado, la convocatoria busca generar un espacio de reflexión e intercambio ante la posibilidad de que el Senado trate el próximo 6 de agosto un proyecto que propone derogar esa normativa como parte de la denominada “Ley Hojarasca”, impulsada por el Gobierno nacional. La iniciativa ya cuenta con dictamen favorable de las comisiones de la Cámara alta y quedó habilitada para su tratamiento en el recinto.

Con el lema “La tierra no es una mercancía: es soberanía, identidad, trabajo y futuro”, los organizadores invitaron a toda la ciudadanía a participar llevando mate, bandera argentina y camiseta celeste y blanca, además de convocar a familiares y amigos para sumarse a la jornada.

La Ley 26.737 fue sancionada en 2011 con el objetivo de establecer límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, preservando el dominio nacional sobre un recurso considerado estratégico. Entre otras disposiciones, fija topes a la cantidad de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras y establece restricciones para inmuebles ubicados en zonas sensibles por sus recursos naturales o su ubicación geográfica.

La posible derogación de esa legislación generó el rechazo de organizaciones sociales, campesinas, ambientales y de derechos humanos, que sostienen que eliminar esos límites facilitaría la extranjerización de las tierras y debilitaría la capacidad del Estado para proteger recursos estratégicos. En contrapartida, el Gobierno nacional sostiene que la iniciativa integra un paquete de eliminación de normas que considera obsoletas o que restringen las inversiones.