Grave denuncia contra el Ministerio Público Fiscal de La Banda por la causa PETA

La querella integrada por la abogada Raquel Gutierrez y el procurador Fabio Cisneros denunció al Ministerio Público Fiscal de Banda-Robles por animosidad contra esa parte y resistencia a investigar amenazas y un grave atentado que sufrieron en su vivienda familiar. También indicaron que se perdió una prueba fundamental, como las grabaciones de los atacantes que hicieron cinco disparos, sin que afortunadamente nadie resultara herido.

La denuncia tiene unas 300 fojas con evidencia contra los fiscales y fue interpuesta ante el fiscal general, Luis de la Rúa, y también en el Consejo de la Magistratura, para que se investigue la conducta de los magistrados.

Cisneros señaló: “Hemos presentado una denuncia ante el fiscal general porque nosotros creemos que hay cierta animosidad en contra mía y de mi esposa: en todas las denuncias de amenazas, el atentado que sufrimos en nuestro domicilio o ayer (martes) nos robaron una cámara de seguridad con la clara intención de dejar desprotegido un sector del hogar. Nunca se dictaron medidas ni se procedió a investigar. Es más, se perdieron pruebas fundamentales, como las filmaciones del atentado”.

“Pero, en cambio –precisó el procurador-, cuando la otra parte denuncia, como lo hicieron las esposas de los que hoy están detenidos con prisión preventiva, inmediatamente, sin pedir pruebas, nos dictan una prohibición de acercamiento. A esas mujeres posiblemente se las impute porque hay informes de Gendarmería Nacional, de AFIP y del banco, que indican que tienen fortunas en sus cuentas bancarias y no se sabe su origen”.

Cisneros explicó que “nosotros creemos que fiscalía Banda está metida, pagada por estas personas, o les debe favores, por lo cual actúa en consecuencia. Apuntamos contra la coordinación y tres o cuatro fiscales, específicamente. Por ejemplo, nosotros querellamos a una abogada, (Gabriela) Gauna, defensora de (José) Pinto y (Carlos) Amado, porque con una de las fiscales estaba hablando de mí en los pasillos de la fiscalía, que soy un ‘gordo metido y que no soy nadie’, y que los querellantes me pagaron y tengo que devolverles la plata. Expresiones muy fuera de lugar, que no son ciertas y no tienen nada que ver. Todos estos chismeríos parecen del mercado, sin desmerecer ese lugar, y esas cosas en el ámbito judicial no pueden darse ni convalidarse”.

El procurador recordó que “cuando comienza todo esto de las denuncias, una fiscal ordenó a una determinada oficina de la policía de La Banda que no recibiera denuncias de PETA y ahora nos encontramos con un audio de otro fiscal que hace comparaciones sexuales con los damnificados y la profesión más antigua del mundo y dice que lo tienen bien merecido, que él sabía que era una estafa. Eso denota que hubo o complicidad o que al enterarse no ejerció la función para la que se lo designó. Hizo la vista gorda con este delito”, pese a la obligación de todo funcionario público a denunciar al tener conocimiento de un ilícito.

Por el contrario, Cisneros dijo que “en Capital la causa avanza a pasos agigantados, está muy bien investigada y responsablemente por el fiscal Gustavo Rattier, la coordinadora Mariela Bitar de Papa y Victoria Sottini, de Delitos Complejos, no hay nada que decir de ellos. Pero aquí en Banda fue otra cosa, totalmente distinta. Por lo menos un criterio muy acertado fue que todos los damnificados de Beltrán, Fernández y La Banda sean remitidos a Delitos Complejos de Capital, porque aquí en Banda no iba a llegar a buen puerto”.

Por otra parte, Cisneros ratificó que la causa pronto pasará al fuero federal: “Eso se ha hablado con Delitos Complejos de Capital, nosotros ya hemos realizado la solicitud y, aun así, ellos ya estaban pensando en derivarla por el carácter de delito federal que es lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, así que el damnificado ahí es el Estado y el orden público financiero, así que pasaría al federal”.

En la actualidad hay cinco detenidos: José Carlos Pinto, Carlos Sebastián Amado, César Daniel Pineda, Alejandro Silva Carmona y María de los Ángeles Corbalán, a quienes el juez Rodolfo Améstegui impuso prisión preventiva solicitada por la Unidad Fiscal. El magistrado, además, otorgó la falta de mérito para Jorge Luis Carabajal y Lorena Alejandra Frías, lo cual fue apelado por la fiscalía. “Así que estamos a la espera de la decisión sobre esa apelación y creemos que habría nuevas imputaciones y detenciones también”, culminó Cisneros.

La causa PETA se inició por una estafa piramidal que se extendió rápidamente por la provincia, con entre 50 y 80 mil damnificados, que perdieron sumas millonarias al realizar inversiones que prometían supuestas ganancias exorbitantes, hasta que la plataforma cayó en julio y los fondos desaparecieron.