Viajes de egresados bajo la lupa: denuncian cobros “truchos” y presiones ilegales a familias
A semanas de los viajes de egresados, cientos de padres vuelven a enfrentarse al mismo mecanismo: empresas de turismo estudiantil que exigen pagos extra de último momento bajo conceptos ambiguos, sin respaldo claro y, en muchos casos, fuera de toda legalidad.
“Seguro de hotel”, “fondo preventivo”, “garantía de daños” o “cobertura adicional” son algunos de los nombres utilizados para reclamar sumas que pueden ascender a cientos de miles de pesos y que, según especialistas en derecho del consumidor, ya están incluidas en el precio total del paquete contratado.
La maniobra se repite año tras año: cuando el viaje ya está pago, los estudiantes tienen fecha de salida y las familias sienten que no pueden dar marcha atrás, aparecen exigencias inesperadas acompañadas de advertencias alarmantes. Algunas agencias incluso condicionan la entrega de vouchers, el ingreso al hotel o la subida al micro o al avión al pago inmediato de estos cargos.
El negocio del miedo
Detrás de estos cobros hay una lógica simple: instalar miedo.
Las empresas apelan al temor de los padres frente a posibles daños en hoteles, roturas o incidentes protagonizados por adolescentes para justificar recaudaciones masivas “preventivas”. Pero especialistas advierten que esa explicación no resiste un análisis jurídico serio.
La legislación argentina ya obliga a las agencias de turismo estudiantil a contratar seguros de responsabilidad civil, asistencia médica y garantías de cumplimiento. Es decir: buena parte de los riesgos que las compañías utilizan como argumento para exigir dinero extra ya se encuentran cubiertos dentro del paquete original.
“El problema es que muchas familias pagan por presión y desconocimiento, creyendo que si no aceptan el cargo sus hijos no van a viajar”, señalan abogados consultados por este medio.
Contratos imposibles de leer
Otro punto crítico son los contratos.
Padres y madres denuncian documentos extensos, redactados con tecnicismos, cláusulas ambiguas y letras prácticamente ilegibles. En muchos casos, los conceptos utilizados para justificar los cobros adicionales ni siquiera aparecen claramente identificados.
Especialistas sostienen que este tipo de prácticas podría violar principios básicos de información clara y trato digno previstos en la Ley de Defensa del Consumidor.
La regla es simple: si un cargo obligatorio no fue informado de manera expresa, clara y transparente al momento de contratar, la empresa no puede imponerlo después.
Cobros sin factura y fondos “en negro”
Las denuncias también apuntan a otro aspecto delicado: pedidos de dinero en efectivo sin documentación fiscal suficiente.
Algunas familias aseguran haber recibido instrucciones para entregar efectivo bajo conceptos que no aparecen correctamente facturados y ya contemplados en los seguros obligatorios para las empresas.
Generalmente con ese dinero se ofrece a los chicos excursiones “no previstas” utilizando ese dinero para el pago de las mismas.
Para especialistas tributarios y de consumo, esto enciende señales de alerta inmediatas. Todo pago exigido por una empresa debe contar con factura y detalle preciso sobre qué servicio se está cobrando.
“La empresa no puede volver a cobrar por riesgos que legalmente ya está obligada a cubrir”, explican abogados especializados en derecho del consumidor.
La presión sobre las familias
El momento elegido para reclamar estos montos tampoco es casual.
Las exigencias suelen aparecer pocos días antes del viaje, cuando los padres ya abonaron gran parte del paquete y los estudiantes esperan la salida con ansiedad. Esa situación genera una presión psicológica evidente: discutir el cobro puede implicar poner en riesgo la participación del hijo en el viaje, ya que se suelen proferir amenazas de dar de baja al viaje.
Por eso, asociaciones de consumidores recomiendan actuar rápidamente, dejar constancia escrita del rechazo y denunciar cualquier condicionamiento extorsivo.
Qué pueden hacer los padres
Ante un cobro compulsivo, especialistas recomiendan:
* exigir fundamentos contractuales concretos;
* pedir factura fiscal obligatoria;
* rechazar pagos “informales” o sin respaldo;
* denunciar ante Defensa del Consumidor y organismos turísticos.
Además, aconsejan guardar mensajes, audios, correos y comprobantes que acrediten la presión ejercida por la empresa.
Un sistema que se repite
Aunque cambian los nombres comerciales y los conceptos utilizados, el esquema se repite cada temporada: contratos poco transparentes, cobros de último minuto y familias que terminan pagando por miedo a que sus hijos se queden sin viajar.
Mientras tanto, crecen los reclamos para que los organismos de control intervengan con mayor firmeza sobre un sector que mueve millones y donde las denuncias por prácticas abusivas ya dejaron de ser casos aislados.
