ADPRA alertó sobre el desmantelamiento de organismos de protección laboral y social
Advierten que el ajuste estatal debilita controles sobre empleo informal y derechos laborales.
La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresó su preocupación institucional ante el progresivo desmantelamiento de organismos públicos vinculados a la protección de derechos laborales y sociales.
El planteo surgió a partir de una iniciativa impulsada por el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Daniel Escobar Correa.
La entidad, que reúne a defensorías provinciales, municipales y especializadas de todo el país, señaló que las políticas de ajuste fiscal implementadas a nivel nacional provocaron un desfinanciamiento sostenido de áreas estratégicas relacionadas con el trabajo, el empleo y la seguridad social. Según advirtieron, estas medidas afectan directamente la capacidad del Estado para garantizar derechos constitucionales.
En el pronunciamiento institucional, ADPRA manifestó preocupación por el cierre de Agencias Territoriales y Delegaciones, así como también por la desvinculación de trabajadores con extensa trayectoria en la administración pública. Desde la organización remarcaron que la reducción de estas estructuras no representa “un dato administrativo neutral”, sino que genera mayor vulnerabilidad social y menor protección para los trabajadores.
La preocupación también alcanza a programas destinados al control del trabajo no registrado, como el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) y el Programa de Apoyo a la Registración, desarrollados de manera conjunta entre la Secretaría de Trabajo, la entonces AFIP —actual ARCA— y los gobiernos provinciales. Además, ADPRA advirtió sobre el impacto que estas decisiones podrían tener sobre las asociaciones sindicales y las políticas de promoción del empleo.
En ese contexto, la entidad exhortó al Gobierno nacional a revisar el alcance de las medidas adoptadas y a promover instancias de diálogo institucional que permitan preservar las fuentes laborales y garantizar la continuidad de políticas públicas esenciales para la protección de derechos sociales, económicos y laborales.
Como parte de las acciones impulsadas, ADPRA presentó un pedido formal de informes dirigido a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública.
La asociación solicitó datos sobre el cierre o reorganización de dependencias de la Secretaría de Trabajo desde diciembre de 2023, el estado de programas de fiscalización laboral, estadísticas sobre informalidad y las medidas previstas para garantizar la continuidad de la asistencia laboral en las provincias afectadas.
