Tras los pasos del Jefe de Gabinete: la Justicia reconstruye la hoja de ruta migratoria de Manuel Adorni

La investigación por presunta malversación de caudales públicos que involucra a Manuel Adorni ha tomado un nuevo impulso. El fiscal federal Gerardo Pollicita ha puesto bajo la lupa no solo el financiamiento de traslados privados, sino también la veracidad de las declaraciones patrimoniales y públicas del funcionario. En un extenso dictamen presentado ante el juez Ariel Lijo, el Ministerio Público Fiscal solicitó medidas que apuntan a desentramar una posible red de beneficios no declarados.

El dato más relevante que surge de las últimas actuaciones es un presunto viaje familiar a Aruba realizado a fines de 2024. Según los registros que la Justicia ya comenzó a procesar, el entonces vocero presidencial habría partido el 29 de diciembre de ese año en un vuelo de línea. La travesía habría incluido escalas técnicas en Lima (Perú) y Ecuador, culminando con una estadía de diez días en el Caribe. Este movimiento migratorio es clave para la fiscalía, ya que contradice la narrativa pública del funcionario, quien aseguró ante la prensa no haber gozado de descanso anual en los últimos dos años.

Pollicita no solo apunta a los destinos, sino a los acompañantes. El requerimiento a la Dirección Nacional de Migraciones exige el detalle de entradas y salidas de la esposa de Adorni, Bettina Julieta Angeletti, y del periodista Marcelo Grandio. El objetivo es realizar un cruce de datos sistémico para determinar si existieron viajes conjuntos entre el 12 y el 17 de febrero de 2026, fechas en las que se habrían utilizado aeronaves privadas para trasladarse a Uruguay. La causa busca determinar si estos vuelos fueron financiados con fondos públicos o mediante dádivas de empresas privadas, lo que configuraría un delito contra la administración pública.