Lo que Adorni no contestó: el nuevo departamento, la casa en Indio Cua y un viaje que no le facturaron
Entre lo declarado y lo omitido, las dudas que persiguen al jefe de Gabinete
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió su situación patrimonial y aseguró que todos sus bienes fueron adquiridos antes de ingresar al Estado. Sin embargo, evitó dar precisiones sobre operaciones recientes y respondió con evasivas ante las consultas periodísticas, argumentando que existe una causa judicial en trámite que le impide brindar detalles.
Uno de los principales puntos de cuestionamiento gira en torno a los cambios en su nivel de vida desde que asumió funciones públicas. Adorni confirmó que actualmente reside en Caballito, aunque ese inmueble no figura en su última declaración jurada, lo que generó dudas sobre la actualización de su patrimonio declarado.
Además, se observaron inconsistencias entre su declaración inicial y movimientos posteriores. En 2024 adquirió un nuevo vehículo sin desprenderse del anterior y declaró deudas significativas, mientras que su departamento en Parque Chacabuco figura en venta. Tampoco aclaró si incorporará nuevas propiedades en futuras presentaciones ante los organismos de control, de acuerdo a lo informado por el diario La Nación.
Otro foco de polémica es la presunta vinculación con una vivienda en Martínez, sobre la cual el funcionario evitó dar precisiones y la calificó como parte de una operación política. A esto se suma la casa en el country Indio Cua, adquirida por su esposa, que no fue informada en la declaración jurada pública, lo que abre interrogantes sobre el origen de los fondos y la transparencia patrimonial del grupo familiar.
El viaje a Punta del Este en un avión privado es otro de los temas bajo investigación. Aunque Adorni afirmó haber pagado los gastos, las facturas conocidas no están a su nombre y aparecen vinculadas a terceros, lo que motivó una causa judicial para determinar quién financió realmente el traslado.
En este contexto, intervienen los tribunales de Comodoro Py, donde se investigan tanto el viaje como los movimientos patrimoniales. La Justicia solicitó medidas de prueba para esclarecer las operaciones económicas, incluyendo el levantamiento del secreto fiscal de personas y empresas involucradas.
Finalmente, el funcionario insistió en que no puede brindar más información para no interferir en las investigaciones, aunque especialistas señalan que la normativa vigente exige transparencia en la función pública. Las dudas sobre su patrimonio, sus bienes no declarados y el financiamiento de sus viajes continúan siendo los principales ejes del debate.
