Plan Cóndor: la justicia le ordena al Estado argentino que informe qué archivos guarda
Su nacimiento data de noviembre de 1975, cuando se hizo una primera reunión en Santiago de Chile.
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) tendrá que responder en el transcurso de la semana próxima qué información guarda sobre el Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.
Así se lo ordenó el juez federal Sebastián Casanello a partir de un pedido de Alejandrina Barry, querellante en la causa, ya que ella y sus padres fueron víctimas de una acción coordinada entre Argentina y Uruguay.
Casanello pidió que la SIDE, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad informen qué documentación tienen sobre el Plan Cóndor. En Comodoro Py estiman que la respuesta debería llegar el viernes 18 de octubre, ya que el juez les notificó el 2 de octubre que tenían diez días hábiles para aportar un inventario.
Desde la Cámara Federal de Casación, hubo una recomendación a los tribunales para que se preserve la documentación así como los lugares donde los crímenes aberrantes fueron cometidos.
Plan represivo
Para la justicia argentina, el Plan Cóndor fue un acuerdo ilícito regional: así lo definió en 2016 el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 que juzgó estos crímenes. El Cóndor implicó una coordinación para intercambiar información y prisioneros y para conducir operativos conjuntamente.
Su nacimiento data de noviembre de 1975, cuando se hizo una primera reunión en Santiago de Chile. En 1977, según surge de los archivos desclasificados de los Estados Unidos, su titular, Carlos Laidlaw, estuvo al frente de la operación.
