Explota el debate por la edad de imputabilidad: Patricia Bullrich se cruzó con el kicillofismo
Mientras el Gobierno impulsa bajar la edad de imputabilidad, la Provincia cuestiona que sea una solución simplista y electoral.
La decisión del Gobierno nacional de incluir en las sesiones extraordinarias el proyecto para reducir la edad de imputabilidad penal a los 14 años volvió a encender una de las discusiones más sensibles de la agenda de seguridad. Esta vez, el debate escaló rápidamente del plano legislativo al político y mediático, con un nuevo cruce público entre el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y la senadora nacional Patricia Bullrich.
El detonante fue una columna de opinión publicada por Alonso en Infobae, donde cuestionó la eficacia de una reforma que se limite únicamente a bajar la edad mínima de punibilidad. Allí sostuvo que “modificar la edad de imputabilidad no es una llave mágica que resuelve todo” y advirtió que el problema de la delincuencia juvenil requiere un abordaje más amplio y estructural.
La postura fue rápidamente respaldada por el gobernador Axel Kicillof, quien retomó el planteo en redes sociales y remarcó que “no hay soluciones mágicas” y que el desafío exige “un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado”.
La respuesta de Patricia Bullrich
La respuesta de Bullrich no tardó en llegar y fue contundente. Desde su cuenta en X, la senadora acusó al oficialismo bonaerense de desentenderse de las víctimas y de relativizar la inseguridad. “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas”, escribió, y fue más allá al afirmar que la oposición “siempre está del lado de los delincuentes”. En un mensaje posterior, interpeló directamente a Kicillof: “¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad?”. También lo desafió a habilitar los comentarios en sus publicaciones para “leer a los argentinos”.
Alonso recogió el guante y acusó a Bullrich de utilizar el dolor de las víctimas con fines electorales. Señaló que su ex colega en el Ministerio de Seguridad se apropia del sufrimiento ajeno “para hacer una campaña política barata y oportunista” y volvió a insistir en que reducir el debate a una cuestión etaria simplifica un fenómeno mucho más complejo. “La minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando bronca desde las redes”, sostuvo, y citó a la Conferencia Episcopal Argentina como referencia para priorizar políticas de prevención, integración juvenil e inversión sostenida.
En su artículo, Alonso también dejó en claro que no se opone a una reforma del régimen vigente. Por el contrario, afirmó que “la Argentina necesita, sin lugar a dudas, un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil”, al considerar que la normativa actual —aprobada en 1980 durante la última dictadura— está desactualizada. Sin embargo, cuestionó que el Gobierno nacional presente la baja de la edad de imputabilidad como una solución central, cuando en la provincia de Buenos Aires, según explicó, se viene desarrollando una política de Estado orientada a intervenir de manera temprana.
El ministro subrayó que la legislación vigente ya permite la privación de la libertad de menores considerados peligrosos y apeló al sentido común: “Nadie en su sano juicio dejaría solo y suelto a un menor que anda armado y que representa un peligro para sí y para terceros”. En ese marco, planteó que el eje no debe estar únicamente en la edad, sino en el criterio judicial y en la capacidad del Estado para intervenir con rapidez ante delitos graves.
Como ejemplo, mencionó el programa “Entramados”, una iniciativa de control y seguimiento destinada a interrumpir trayectorias delictivas incipientes a partir de señales tempranas. Según explicó, el sistema educativo es una pieza clave en ese esquema. De acuerdo con los datos oficiales, unos 5,2 millones de niños asisten a la escuela cada año, mientras que alrededor de 5.000 quedan fuera del sistema y comienzan a vincularse con circuitos delictivos. “Para controlar a esos 5 mil menores, planificamos una política que involucra a organismos de niñez, policía, jueces, fiscales e intendentes”, detalló, y sostuvo que el nivel de efectividad alcanza al 99,9%.
Alonso reconoció, no obstante, que el fortalecimiento de los institutos de encierro juvenil requiere mayor inversión y cerró su intervención con un mensaje dirigido al debate público: “Basta de excusas, basta de echarle la culpa al otro, basta de fuegos artificiales. No podemos arrastrar a la sociedad a otra discusión estéril”.
