Cómo se decidió la excarcelación de la contadora Castelli

La contadora María Soledad Castelli obtuvo la excarcelación este martes, luego de una audiencia en la que la fiscal Luciana Jacobo declinó pedir prórroga de prisión preventiva, por lo que la jueza María del Cármen Bravo Suárez accedió a otorgarle la libertad con numerosas condiciones. La principal, una fianza de 30 millones de pesos.

La fiscal Luciana Jacobo sostuvo en su exposición que existen cinco legajos por estafas que involucran a Castelli y otros actores, por libramiento de cheques sin fondo y allí mencionó a Ramiro Agustín Petros, a quien consideró coimputado. Además, precisó que Castelli tiene además una causa por amenazas contra el denunciante Carlos Sebastián Silva y su esposa, Agustina Natero.

En cuanto a Petros, recordó que libró orden de detención y allanamiento en contra, la cual consideró vigente, pese a que su defensor Diego Lindow interpuso una eximición de prisión que fue rechazada y que apeló, por lo que sostiene que estaría suspendida.

Jacobo recordó que Silva, que es un contador de una conocida financiera, le prestó unos 85 millones de pesos –de fondos propios- a Castelli para una operación financiera que consistía en la compra de autos de alta gama, que realizaría Petros, de quien era pareja y contadora. Como garantía, Castelli le entregó 7 cheques por esa suma.

“Petros estaba detrás de la operatoria de compra de autos de alta gama, para lo cual le entregó en garantía 08, pero resultaron ser vehículos enajenados o dañados”, indicó la fiscal, que calificó la maniobra como una suerte de “bicicleta financiera que fue planificada y orquestada valiéndose de la confianza”.

Agregó que Castelli se presentaba como contadora de Petros, lo que se confirmó cuando en uno de los allanamientos se encontró un poder otorgado por el coimputado.

No obstante, Jacobo declinó pedir la prórroga de detención de Castelli por considerar que habían desaparecido los riesgos procesales y que las medidas pendientes estaban a cargo de organismos oficiales sobre los que no podría incidir. Pero solicitó medidas como la prohibición de acercamiento al denunciante y su familia, para lo cual requirió incluso que se la privara del uso de cualquier dispositivo electrónico, incluidos celulares y computadoras. También exigió que se le impusiera una fianza real acorde.

El defensor Sergio Brandán agradeció la objetividad de la fiscalía, al no oponerse a la excarcelación factible por tratarse de delitos que permiten ese beneficio. También remarcó que su cliente es empleada del Tribunal de Cuentas de la provincia y tiene una veterinaria en sociedad, por lo que su detención de 23 días le produjo enormes pérdidas económicas que estimó en $400 millones.

Sin embargo, Brandán discrepó con la acusación fiscal pero se reservó debatirlas en otra instancia, por la premura en gestionar la excarcelación.

Tras un cuarto intermedio, la jueza Bravo Suárez indicó en su resolución que “los riesgos procesales fueron neutralizados y el entorpecimiento de las investigación ya ha sido superado, porque no podría influir en informes de organismos públicos que están pendientes”.

Destacó que es una profesional conocida y que tiene arraigo en la provincia, por lo que concluyó que “no hay riesgo de fuga”. Por eso le impuso una fianza real (que se cubre con dinero o bienes) por $30 millones de pesos, más medidas restrictivas, aunque desechó el pedido de la fiscalía para impedirle el uso de celular y computadora para permitirle su trabajo. También dispuso prohibirle realizar comentarios públicos o en redes del caso.

Castelli siguió en absoluto silencio la audiencia y rompió en llanto mientras la fiscal enumeraba las pruebas en su contra. También negó con la cabeza cuando se le endilgaban amenazas a Silva y su esposa. Finalmente se mostró emocionada al se notificada del otorgamiento de su excarcelación, por lo que se abrazó a sus dos hijas que la acompañaron en la sala.