Allanan centros de fertilidad por investigación del negocio de la subrogación de vientres
Investigan a personas e instituciones que ofrecían a parejas extranjeras con dificultades para tener hijos un “servicio” para gestar un bebé y entregarlo a cambio de 50.000 dólares. Captaban como madres gestantes a mujeres vulnerables a las que les ofrecían 10.000 dólares. La causa se inició por una mujer alemana de 58 años que se presentó en un hospital de la ciudad de Bonn con una beba de tres meses en pésimas condiciones de salud y nacida en Argentina.
A pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Alejandra Mángano, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), se realizaron una serie de allanamientos y órdenes de presentación en centros médicos, escribanías y estudios jurídicos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, en el marco de una causa en el que se investiga un posible negocio ilícito de características trasnacionales dedicado a la explotación del cuerpo de mujeres gestantes, a través de lo que se denomina “subrogación de vientres”, y la posterior comercialización de los y las niños/as que nacen a partir de ese método.
Los procedimientos fueron ordenados por la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, y se llevaron a cabo el miércoles pasado en forma simultánea con personal las Divisiones Trata de Personas y Ciberdelito de la Policía Federal (PFA).
La investigación se inició en enero pasado y en la maniobra participarían personas y empresas constituidas en el extranjero -con actividades en nuestro país-, a través de lo cual los implicados obtienen importantes ganancias.
“En concreto, las personas humanas y jurídicas contra las que se dirige la investigación difundían sus servicios a través de distintas vías de comunicación en el extranjero, tomando de ese modo contacto con parejas que deseaban tener hijos pero que no podían llevar adelante un embarazo. A estos les ofrecían un ‘servicio’ -que en algún caso, por ejemplo, era denominado ‘Programa Argentina’- con un valor aproximado de U$S 50.000 dólares”, señaló Mángano en el dictamen donde pidió los allanamientos.
La fiscal federal explicó que ese servicio “incluía la selección de la persona gestante, la adquisición los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el posterior parto”.
En el mismo dictamen, la fiscal federal Mángano que además es titular junto a Marcelo Colombo de la PROTEX, indicó que “otra cara de este ‘negocio’, es el sistema de reclutamiento de las gestantes, consistente en que las empresas contactaban a mujeres a través de redes sociales, y aprovechando sus necesidades socioeconómicas, les ofrecían la suma de U$S 10.000 (dólares) por llevar adelante la gestación; monto de dinero al que sumaban un ‘plus’ de entre U$S 1.000/2.000 (dólares) si el parto fuera por cesárea”.
Si por cualquier circunstancia el embarazo resultare interrumpido, las empresas involucradas se negaban a devengar pagos, excepto los montos que se hubieran abonado por gastos mínimos mensuales. De este modo, los actores involucrados se aprovechaban de la situación de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres ofreciéndoles 10 mil dólares a cambio de realizar los intentos que fueren necesarios para provocar un embarazo, transitar el embarazo con todos los correspondientes controles, y entregar al niño nacido por esta práctica, todo esto sin contar las posibles consecuencias físicas y emocionales -acreditadas en el caso- que puede tener este tipo de prácticas en las mujeres gestantes.
Las personas investigadas habrían desplegado con habitualidad “un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de carencia económica, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre”, señala el dictamen.
Desde la fiscalía explicaron que el propósito final de este negocio ilícito era la inscripción registral del niño/a y su posterior entrega. “Todo este sofisticado esquema de negocios se encuentra articulado con el único fin de lograr el nacimiento de un niño o niña para entregarlo a una pareja que en muchos casos era de origen extranjero sin residencia en el país, con quien no tiene ningún vínculo genético, cultural ni social, como se verificó en el ‘caso 1’ que dio origen a la presente investigación”, subrayó Mángano en el dictamen.
