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Greenpeace denuncia el polémico proyecto de ley de agroquímicos que analiza el Congreso

El proyecto busca «armonizar criterios» y crear un marco regulatorio uniforme para la aplicación de agroquimicos, del cual Argentina carece.

Mientras el Congreso discute una nueva ley sobre agroquímicos, Greenpeace advierte que el proyecto representa un retroceso en la protección ambiental y sanitaria.

La organización señala que la normativa propuesta consolidaría el uso masivo de estas sustancias en lugar de reducirlo.

Además, de aprobarse, esta vulneraría los precedentes judiciales que establecieron una distancia de seguridad de 1000 metros.

El proyecto que hoy analiza el Congreso fue elaborado por la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), que agrupa a más de 80 instituciones del sector agropecuario.

Titulado «Ley de Presupuestos Mínimos para la Aplicación de Fitosanitarios», lo sostienen diputados de la UCR y la Coalición Cívica, con apoyo del agro.

Es que, según los impulsores del proyecto, este busca «armonizar criterios» y crear un marco regulatorio uniforme para la aplicación de agrotóxicos, del cual Argentina carece.

Pese a la «buena prensa» que sostienen el campo y los legisladores, Greenpeace denuncia en particular los artículos 7 y 9 del proyecto.

Estos establecen zonas de exclusión de apenas 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones de agrotóxicos, y de 45 metros para aplicaciones aéreas.

Estos valores contrastan drásticamente con los 1000 metros fijados por tribunales provinciales en base a pericias oficiales.

Así, se facilitaría el uso de sustancias con efecto tóxico comprobado sobre organismos y ecosistemas.

Greenpeace también critica que la propuesta «no reduce el uso de agrotóxicos ni planifica su sustitución, sino que consolidaría su continuidad y rebajaría los niveles de protección existentes«.

Además, el proyecto legislativo evita deliberadamente el término «agrotóxicos» y lo reemplaza por «fitosanitarios», un cambio que Greenpeace considera político.

Según la organización, esta modificación atenúa la percepción de riesgo para facilitar la aprobación social.

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