Barcesat a favor del juicio político a Milei: “Que renuncie si no sabe cómo cumplir la ley”

La decisión de Javier Milei de promulgar leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, pero suspender su aplicación, como ya lo había hecho con la emergencia en discapacidad, plantea fuertes cuestionamientos sobre la legalidad de sus actos.

Al ser consultado sobre si el presidente podría enfrentar la justicia por estas acciones, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat fue contundente: “Es un gesto de autoridad que desborda el marco constitucional de facultades del presidente, constituye claramente un delito de desobediencia. De modo que, va a haber presentaciones inmediatas en el ámbito penal y en nuevos pedidos de juicio político respecto a lo que dice de ‘díganme de dónde saco la plata o cómo lo hago’. Bueno, si no sabe cómo hacerlo, que renuncie al cargo, porque es un inepto. Pero, de ninguna manera, puede desobedecer una ley de la nación”.

Barcesat dijo a la página Código Baires que el 18 de octubre se presentó un nuevo pedido de juicio político contra Milei: “Por la expresión que se difundió por todos los medios, de que él había dado la orden para meter presa a Cristina. Bueno, acá hay dos hechos sorprendentes. Una es de un presidente que ignora que la constitución le veda taxativamente tomar intervención en causas en trámite, esto afecta a la independencia del poder judicial, es claramente una conducta antijurídica, penalmente antijurídica, y por supuesto, hipótesis de remoción por comisión de delito en el ejercicio de la función pública”.

El especialista no dejó pasar el silencio del máximo tribunal: “Ha habido un llamativo silencio de los tres ministros de la Corte Suprema, que a pesar de la enorme difusión que en todos los medios de comunicación tuvo esta afirmación del presidente Milei, no hicieron ninguna respuesta, guardaron silencio, de quien en sus narices se proclama autor de la orden para encarcelar”.

En cuanto a la institucionalidad, Barcesat consideró que el comportamiento del presidente evidencia un desconocimiento absoluto de las normas: “Es un absoluto desconocimiento y afrenta a la institucionalidad y al Estado de Derecho, cuya piedra basal, como siempre decimos, es la división de poder. Bueno, pero tenemos esto de que no sabe de economía y es totalmente ajeno a aquello que se refiere a la institucionalidad”.

LA COMISIÓN DE JUICIO POLÍTICO, COMPLETAMENTE PARALIZADA

El constitucionalista advirtió además sobre la parálisis de la Comisión de Juicio Político: “Desde el 11 de diciembre de 2023, que se constituyeron las autoridades de las respectivas comisiones en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, la de juicio político de Cámara de Diputados, que es donde se inicia el tratamiento de las denuncias, no ha tenido una sola reunión. Responsabilidad compartida, a mi criterio, entre el presidente de la Cámara de Diputados, que evidentemente es un dependiente del Presidente de la Nación, me refiero a Martín Menem y los que integraron con o sin cargos de representatividad administrativa, la Comisión de Juicio Político, que no la convocan, o que no emplazan, quien debe convocarla para dar tratamiento. Yo creo que en este momento hay más de una docena de causas fundadas con hechos graves, institucionalmente graves”.

Sobre la gravedad institucional que se vive, Barcesat fue categórico: “Nunca se ha visto, a excepción de los episodios de las dictaduras militares, un gobierno que haya cometido tantos abusos e infracciones. Vino precedido de otro autócrata, me refiero a Mauricio Macri, que también putrefactó toda la institucionalidad, gobernando por decretos de emergencia y urgencia, y decretos simples para no mandarlos al Congreso; y que además llenó la justicia de lacayos. Todo ello junto al bestial endeudamiento económico, a través de la deuda externa contraída con el FMI”.

Barcesat remarcó que Milei no sólo replica estas prácticas, sino que las profundiza: “Este sigue las huellas y las profundiza, por algo son aliados, aliados en la destrucción, habría que decir. Y esto inviste en gravedad institucional, y termina de completar este banquete de anomia, la actitud de silencio de la Corte, que pudo haber ya dispuesto la inconstitucionalidad del decreto 70/23 del gobierno de Milei, su primera norma, con 600 disposiciones, que es una especie de reforma constitucional encubierta, que trastocó la vida económica del pueblo argentino, bueno, tiene hace ya más de un año varios planteos donde se declaró parcialmente la inconstitucionalidad de esta normativa, y la Corte no ha dado ninguna resolución sobre el control de legalidad que es el deber primero de los jueces”.

Finalmente, sobre el papel de la Corte Suprema, Barcesat señaló: “La Corte podrá, en fin, ejercer alguna especie de reserva cuando no quiere ingresar en el campo de atribuciones propias del Poder Ejecutivo, pero cuando se trata del control de legalidad está recontra obligada por su propia jurisprudencia a ejercer ese control. Es decir, ¿pudieron emitir una norma de ese tipo? El decreto es un decreto ómnibus que altera más de 60 leyes, etcétera. Bueno, este, no lo ha hecho, es un tema de puro derecho, no requiere prueba, no requiere documento, no requiere testigo, requiere el texto de la Constitución y el engendro normativo que parieron en la primera oportunidad el gobierno y la runfla que lo acompaña”.