El Negocio de las Falsas Denuncias

Las falsas denuncias no son un error aislado ni un exceso individual. Son la expresión de un problema institucional más profundo: la existencia de una estructura judicial, profesional e ideológica que permite, promueve y hasta comercializa este tipo de prácticas.

Detrás de cada caso, no hay solo un denunciante malintencionado, sino habría redes de fiscales, peritos, abogados inescrupulosos y organizaciones que encuentran en estas maniobras un terreno fértil para obtener poder, influencia o beneficios económicos directos.

El resultado del accionar de estas redes corruptas es devastador: familias destruidas,  vínculos esenciales destruidos, hijos utilizados como rehenes emocionales y ciudadanos inocentes sometidos a procesos que pueden extenderse por años.

Una falsa denuncia no se borra con una excarcelación o sobreseimiento, deja huellas morales, económicas y psicológicas imposibles de reparar completamente. Y lo más grave: erosiona la confianza en la Justicia, porque la convierte en un instrumento de extorsión y venganza.

En la jornada “Familias Destruidas”, organizada por las ONG Fundación Apolo e Infancia Compartida, donde participaron especialistas, legisladores y víctimas, se identificaron patrones claros que demuestran que las falsas denuncias son una forma sofisticada de corrupción institucional.

El mecanismo funciona así: ciertos abogados, generalmente especializados en divorcios conflictivos, promueven denuncias de violencia de género para obtener ventajas procesales inmediatas (exclusión del hogar, prohibición de acercamiento o de todo tipo de contacto, suspensión de régimen de visitas, medidas cautelares patrimoniales, etc.).

Algunos psicólogos y psiquiatras, elaborarìan  informes sesgados a cambio de honorarios elevados. Determinados fiscales, por presión mediática o sesgos ideológicos -en la mayoría de los casos-, convalidan denuncias sin una investigación sería y minuciosa del caso en concreto. Y ciertas organizaciones de género obtendrìan subsidios y relevancia pública perpetuando la narrativa de crisis permanente.

Este circuito se utilizaría no solo en conflictos familiares, sino también con fines extorsivos. Se habrían dado casos en los que se realizaron falsas denuncias para revocar de hecho una orden judicial que otorga el cuidado personal de los hijos al otro progenitor por ejemplo.

Reformas legislativas necesarias

Mientras exista un circuito institucionalizado dispuesto a convalidar estas prácticas, seguirán multiplicándose exponencialmente. Por eso se debe avanzar en iniciativas legislativas que atacan el problema desde múltiples frentes o factores.

En el Senado de la Nación se está tratando un proyecto integral presentado por los senadores Losada y Pagotto que propone agravar las penas para falsas denuncias de uno a tres años, y en casos específicos de violencia de género o cuando se use a menores, de tres a seis años.

La senadora Losada manifestó: “Este no es un proyecto en contra de las mujeres: es un proyecto en contra de las mentiras”.

En otros países, el problema ya fue abordado con determinación

España contempla sanciones penales específicas en el artículo 456 del Código Penal, con penas de prisión de seis meses a dos años. Chile implementó mecanismos de reparación civil, Francia creó el delito específico de “denuncia calumniosa agravada”, e Italia desarrolló Tribunales Especializados con protocolos para detectar manipulación.

En Argentina, la falsa denuncia está penada por el artículo 245 del Código Penal, que establece una pena de dos meses a un año de prisión o multa. Este delito se configura cuando una persona denuncia falsamente la comisión de un delito ante la autoridad, con conocimiento de la falsedad de lo que se afirma y con intención de perjudicar

El desafío es doble

Dar una respuesta inmediata a las víctimas y encarar reformas de fondo para cortar con la lógica perversa que sostiene este armazón de corrupción institucional. No alcanza con indignarse frente a los testimonios, ni con reconocer que las falsas denuncias existen. Es necesario dotar a la Justicia de herramientas concretas y generar un cambio cultural que vuelva a colocar a la verdad en el centro.

La acción siguiente es desarmar la estructura que sostiene este andamiaje corrupto. Argentina no puede permitirse que la mentira y el abuso de la justicia sigan siendo un negocio rentable. Lo que está en juego no es la situación de algunas familias, sino la integridad del sistema judicial. Un poder que se deja capturar por negocios oscuros o sesgos ideológicos deja de ser imparcial y se convierte en cómplice. Es ahí donde el Estado debe actuar con firmeza: sancionando a los que abusan del derecho, manipulando herramientas legales, y ayudando a los inocentes arrastrados a procesos falsos, afirman quienes impulsan el proyecto.