Concretan desmantelamiento total de la filial de ENACOM en Santiago del Estero
Una cuadrilla de gendarmería retiró todos los muebles y equipos de las oficinas, después del cierre ejecutado por el gobierno de Javier Milei. Ahora los trámites deben efectuarse de manera virtual.
Un grupo de Gendarmería Nacional vació este lunes las oficinas del Ente Nacional de Comunicaciones en Santiago del Estero y restiró en un vehículo todos los equipos y muebles de las oficinas que funcionaron en Urquiza al 300 hasta abril, cuando por decreto del gobierno de Javier Milei se cerraron 30 delegaciones en todo el país.
En Santiago del Estero fueron afectados 11 trabajadores. Como es habitual en el gobierno libertario, se hizo circular una resolución donde se anunciaba el cierre por razones operativas, pero los telegramas de cese de funciones llegaron tiempo después.
Como se recordará, tras el feriado largo de Pascuas en esas delegaciones se montó una custodia de la Policía Federal y sólo se permitió que empleados de planta continuaran por dos meses más para efectuar un relevamiento de los bienes. Los vehículos que estaban afectados a los controles fueron retirados. Sólo se mantuvo la sede central en Buenos Aires, mientras que para los usuarios del resto del país se habilitaron vías telefónicas o Internet para efectuar reclamos, con una medida de fuerte centralismo.
Esta decisión implicó el cese de funciones de miles de contratados, mientras que a los pocos empleados de planta se los puso en disponibilidad para que sean absorbidos en otros organismos, o bien, despedidos al cabo de un año.
“Ellos decretan el cierre definitivo de todas las delegaciones del país, que son 30, dejando en la calle a 350 trabajadores y a usuarios y consumidores sin el derecho al acceso al reclamo y a la posibilidad de tener un servicio de telefonía o internet adecuado”, expresaron los trabajadores.
Ese organismo tiene múltiples funciones, con la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la de Tecnología de la Información y la Comunicación. “Recibimos no solamente reclamos de telefonía o Internet, cuando las empresas sobrefacturan o no brindan en servicio adecuado, también trabajamos con radios comunitarias o prestadores de internet medianos y pequeños –cooperativas-, que quieran brindar Internet en distintos lugares de la provincia, a los que acompañamos y asesoramos en la tramitación de sus licencias”.
Otra función no menor es el control del espectro radioeléctrico y del plantel exterior de las empresas, que en el norte tiene como principal actor a Telecom. “Recorremos el interior controlando que estén en condiciones para una buena comunicación. Hay algo específico que tiene hoy ENACOM, que fueron metas obligatorias del gobierno como los servicios semi-públicos en lugares de difícil acceso. Es la única vía de comunicación y nosotros llegamos hasta esos lugares para ver que estén funcionando, como Monte Quemado adentro, El Mojón, La Fragua, Ahí Veremos, Miraval, lugares donde no hay comunicación en forma masiva”, explicó otro de los trabajadores afectados.
El organismo tiene el sistema de Trámites a Distancia, que se hace a través de la página de ENACOM, “pero la media de los usuarios que realizan reclamos en la delegación era gente mayor que no está amigada con la tecnología y el sistema mismo no es muy amigable y de fácil acceso para cualquier persona. Tienen que tener un correo electrónico donde nosotros les podamos contestar los reclamos y es gente mayor que sufre el maltrato y destrato de parte de las empresas que hoy tienen el monopolio. Te mandan a hacer un reclamo por teléfono y te dan diez mil opciones que el usuario no entiende y no puede generar un reclamo y a veces está seis meses sin servicio y la única manera que tenía de acceder a alguien que los defienda era a través de la delegación”. Los empleados de mesa de entradas les recibían los reclamos y los realizaban en nombre del usuario, para facilitarle la gestión.
Por otro lado, recordaron que por derecho constitucional los usuarios deberían ser protegidos: “Con esta decisión no sólo dejan en la calle a 11 familias, sino que dejan sin derechos a 900 mil santiagueños que en algún momento pueden llegar a tener algún problema con la empresa de telefonía, Internet, con alguna interferencia y no van a tener a dónde ir”.
Los empleados damnificados recordaron un episodio ocurrido durante una de las visitas del expresidente Mauricio Macri, cuando las comunicaciones del avión presidencial fueron interferidas por una FM de Loreto, que fue ubicada por un móvil que debió partir a toda velocidad desde Salta y que la clausuró para evitar una posible catástrofe. Con ese ejemplo graficaron una de las competencias vitales para el tráfico aéreo que también tenía el organismo.