Escándalo mayúsculo: la DGI de Milei está a cargo de un evasor con propiedades sin declarar en Miami

El periodista Hugo Alconada Mon publicó en el diario La Nación una investigación que reveló que el jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, compró a través de sociedades del exterior tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares que nunca consignó –ni las sociedades, ni los inmuebles– en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA)”.

El dato surge de documentos contables, societarios y bancarios que analizó el periodista como parte del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).

Vale recordar que la semana pasada el CLIP y el ICIJ también acompañaron una denuncia de la periodista Emilia Delfino de ElDiarioAr que dejó expuesto al jefe del bloque de Diputados y presidente de la seccional bonaerense del PRO, Cristian Ritondo, por tener también departamentos en Miami sin declarar. Ritondo es un aliado central del gobierno mileísta.

Alconada Mon señala que el titular de la DGI, de 64 años de edad, montó en los últimos años un entramado de sociedades offshore con sede en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Con esa estructura, compró departamentos en Estados Unidos por unos U$S 2 millones, que a su vez no declaró ante la Oficina Anticorrupción ni ante la AFIP. En la documentación descubierta aparecen las firmas y datos de Vázquez y buena parte de su familia.

Con más de tres décadas de carrera en el área recaudatoria nacional, Vázquez fue nombrado en octubre pasado al frente de la DGI a partir del reordenamiento del organismo por parte del Gobierno, lo que incluyó el cambio de nombre de la AFIP por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). Se supone que Vázquez es desde entonces la máxima autoridad para “combatir” la evasión fiscal de parte de individuos, empresas y demás organizaciones.

Desde hace por lo menos doce años el funcionario tiene participación accionaria en un entramado de firmas que adquirió en Estados Unidos al menos tres departamentos (uno luego volvió a ser vendido). Las firmas offshore “continúan activas” y abarcan “una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para adquirir la propiedad de los inmuebles ubicados en Miami”.

Entre 2015 y 2016 Vázquez y su familia se integraron como accionistas a las “empresas” Panchy Ventures Limited y Galanthus Capital Limited, ambas con sede en las Islas Vírgenes. Pero la compra de inmuebles en tierras estadounidenses data de mucho antes, cuanto menos desde enero de 2013, durante el gobierno kirchnerista. Entonces Vázquez compró dos propiedades en Miami, inscriptas a nombre de Alcorta Corp, a la que se sumó una tercera en 2015 a través de Pompeya Group Corp, “según consta en los registros oficiales disponibles del condado Miami-Dade”, dice la investigación de La Nación.

Uno de los departamentos está ubicado en el lujoso complejo Icon Brickell (avenida Brickell 495) con un valor de U$S 710 mil. Otro en avenida Brickell 1060, valuado en U$S 350 mil. Y el tercero en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles, a un costo de U$S 980 mil. Según Alconada Mon, tras la publicación de los Panamá Papers en 2016, “Vázquez insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos. Recurrió para eso a Galanthus Capital Limited , que quedó como la firma holding, controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp”.

Tras vender uno de los inmuebles, “Vázquez continuó vinculado a la firma Galanthus Capital”, que siguió siendo dueña de los otros dos departamentos, que suman una valuación inmobiliaria de alrededor de U$S 1.7 millones. “Así continúa hasta hoy, de acuerdo a la documentación analizada”.

El hoy titular de la DGI ni siquiera declaró esas propiedades ante la Oficina Anticorrupción. Algo a lo que está obligado por su cargo en un puesto estatal de esa jerarquía. La Ley de Ética Pública (vigente desde 1999) obliga a los funcionarios nacionales a presentar ante la OA una declaración jurada con “todos sus bienes inmuebles y muebles y participaciones accionarias (incluidos los de su cónyuge)”. Algo que debe ser actualizado cada año. Ocultar patrimonio y no actualizar la base de datos puede ser considerado delito de “omisión maliciosa” (artículo 268 del Código Penal), que prevé penas de varios de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En su declaración jurada de 2023, la última disponible, Vázquez asentó que tiene unas diez propiedades en Argentina (departamentos, cocheras y una casa en un country), todas compradas con “herencias” y “donaciones”, más un ahorro de $ 10,5 millones en efectivo y tres cuentas en bancos de Estados Unidos que reúnen apenas unos U$S 3 mil. Pero nada dice de los departamentos en Miami que, a la cotización del dólar actual, se calculan en más de $ 2 mil millones.

Alconada Mon dice que intentó comunicarse con el funcionario, que lleva 35 años de carrera en el organismo fiscalizador y sin ninguna actividad privada comprobable que le permita haber amasado fortunas como las que gasta. El periodista lo hizo por escrito y telefónicamente, buscando tener su versión de los hechos. Pero Vázquez nunca le respondió.

El periodista recuerda que en 2011 él mismo ya había investigado el patrimonio de Vázquez, cuando éste era uno de los alfiles de Ricardo Echegaray, el capo de la AFIP durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Allí logró establecer que el actual jefe de la DGI tenía cuentas bancarias en el caribe y en Europa con más de U$S 500 mil.

Todo había surgido tras un megaoperativo de la AFIP en las oficinas del Grupo Clarín, por entonces en “guerra” contra el gobierno kirchnerista. La inspección con unos 200 agentes del organismo fue noticia internacional y Echegaray buscó zafar culpando a Vázquez de semejante “atropello”, ya que es quien había encabezado el operativo.

Según cuenta Alconada Mon, Echegaray le pidió a CFK que echara a Vázquez rápidamente así bajaba la espuma del caso, pero desde la Casa Rosada se negaron, aduciendo que el entonces jefe de la Regional Sur Metropolitana era “el hombre de Larcher (y de Stiuso) en la AFIP”, es decir de los máximos referentes de la Secretaría de Inteligencia durante el kirchnerismo.

El periodista de La Nación recuerda que, entre el año 2000 y 2009, Vázquez no declaró ante la OA y la AFIP tener cuentas bancarias en la isla caribeña (colonia holandesa) de Curazao y en el pequeño estado europeo de Luxemburgo. Por eso se le abrió una causa penal en un tribunal criminal porteño, a cargo del juez Osvaldo Rappa. El magistrado envió el expediente a Comodoro Py, ya que para él ameritaba una investigación “federal” dada su condición de funcionario público.

En los tribunales federales de Retiro primero tomó la causa el juez Sergio Torres, titular del Juzgado Federal 12. Pero tras asumir éste como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y su juzgado quedó “momentáneamente” (hasta hoy) subrogado por el juez Ariel Lijo, ahora candidato a la Corte Suprema nacional a propuesta de Milei. Lijo directamente no investigó a Vázquez y en 2022 terminó sobreseyéndolo.