El Gobierno gastó más de 800.000 dólares para reparar el avión presidencial

En sus últimos compromisos internacionales, el Presidente Milei debió volar en aviones privados o en las aeronaves más pequeñas de la flota presidencial porque la unidad más grande, el Boeing 757-256, más conocido como ARG-01, se encuentra en los Estados Unidos en donde se somete a una revisión integral de todos sus componentes.

Finalmente, la Casa Militar, a cargo de la flota presidencial, efectuó la contratación de un servicio en el exterior para realizar la inspección “Check-C” del avión, que básicamente consiste en revisar cada parte de la aeronave y verificar si está en buen estado.

Según informó la señal TN al acceder a una respuesta oficial de la Dirección General de Logística, el Gobierno le pagó US$ 883.739 a la empresa Commercial Jet Inc, para que vuelva a poner a punto la unidad que no traslada al presidente desde el pasado 27 de junio.

En esa fecha se produjo el vencimiento de la inspección mayor ‘C-Check’ y desde entonces Boeing, fabricante del avión, no permite ningún vuelo de la aeronave, excepto el de traslado hasta el lugar en donde se lleven adelante las tareas de revisión y eventual reparación de sus partes. Desde el 27 de junio que la unidad está en condición “no aeronavegable”.

La inspección “Check-C” es una verificación que cada tres años impone el fabricante y que consiste en analizar cada una de las partes de la aeronave para verificar su funcionamiento. Si no se hace, el avión no puede volar.

A mediados de 2024 había quedado sin efecto una licitación para realizar esta inspección pese a que habian llegado varias ofertas de las empresas “Alpha Aviation Group LLC”; “Xtreme Aviation LLC”; “Servicios Aeronáuticos Quintana” y “Commercial Jet INC”. Las primeras tres fueron desestimadas por cuestiones técnicas y la última, por no cumplir con el plazo establecido para sostener la oferta.

Todo el proceso se declaró fracasado, aunque en el Gobierno sabían que era necesario llevar adelante esta inspección ante la necesidad de contar con la aeronave para trasladar al Presidente. En el medio surgieron varios rumores, incluso en los pasillos de la Rosada se dijo que la licitación se cayó por un supuesto pedido de coimas al encargado de la firma Commercial Jet. En el Gobierno desmienten rotundamente esto, aunque en el medio de esta situación se produjo la salida de Florencia Gastaldi, que ocupaba el cargo de Directora de Logística.

Meses después la Casa Rosada volvió a abrir una licitación, Commercial Jet volvió a competir y se quedó con la adjudicación. En rigor, esa revisión se tendría que haber hecho en marzo pasado, pero se postergó.

Ese vencimiento había determinado que la unidad ya no era aeronavegable, pero la firma Boeing otorgó una prórroga de uso por otros tres meses ante un pedido de las autoridades. A cambio debieron hacerle unas inspecciones menores. Pero en junio, cuando se produjo el vencimiento de la extensión, el avión ya no pudo volver a volar.

“Preservado activo”

Alberto Fernández compró el Boeing 757-256 en diciembre de 2022, luego de un largo proceso administrativo, pero el avión recién llegó al país en mayo del año pasado. Durante 2023, fue usado varias veces por el expresidente y por el ex ministro de Economía Sergio Massa. Para comprar el ARG 01, el Gobierno tuvo que invertir USD 21.730.000 y entregar el viejo Tango 01, que se fue del país rumbo a Estados Unidos.

En el Gobierno explicaron a través de una respuesta a un pedido de acceso a la información pública que mientras el avión está en tierra se le aplica un programa de mantenimiento denominado “Procedimiento para su Preservado Activo”, que es llevado adelante por el personal regular afectado al mantenimiento de la unidad, por lo que, dijeron, “no genera erogaciones adicionales”.

Las tareas para poner a punto a este avión empezaron en noviembre y se espera que para finales de diciembre o principios de enero esté nuevamente en la Argentina. La decisión del Gobierno de Milei es usar la aeronave para trasladar al mandatario y argumentan esta decisión por cuestiones de “seguridad” del jefe de Estado.